Camps recurrirá la decisión de investigarle por el contrato a Orange Market para Fitur por "falta de rigor jurídico"

  • El expresidente de la Generalitat Francisco Camps recurrirá la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de investigarle por el contrato a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, para la instalación del stand de la comunidad en Fitur en el año 2009, al considerar que esa imputación presenta "falta de rigor jurídico y fáctico".
El expresidente valenciano Francisco Camps, junto a su abogado. Archivo
El expresidente valenciano Francisco Camps, junto a su abogado. Archivo
Europa Press - Archivo
El expresidente valenciano Francisco Camps, junto a su abogado. Archivo

Según un comunicado de la defensa del 'expresident', "no hay un hecho concreto ni un fundamento jurídico que sostenga esta imputación" y añade que la fiscal anticorrupción Myriam Segura, al igual que ocurrió con la causa de los trajes en la que su cliente resultó absuelto, "ahora intenta de la misma manera imputar al señor Camps hechos que nadie ha referido en diez años de instrucción".

"No hay una sola declaración que relacione a Camps ni directa ni indirectamente con adjudicación alguna", ha insistido, y acusa a las fiscales anticorrupción de intentar, desde el comienzo del caso Gürtel, que el juez que instruyó la causa de los trajes le investigara por las adjudicaciones a Orange Market.

Esa pretensión, según la defensa, también la llevaron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aunque el instructor rechazó en cuatro autos esa posibilidad, en mayo, junio y julio de 2009. Igualmente, el TSJCV lo rechazó en junio de ese año y en dos resoluciones de 25 de mayo y 4 de julio de 2011.

Por este motivo, la defensa de Francisco Camps entiende que esta cuestión está "cerrada jurídicamente" y subraya que el 26 de mayo de 2009, 37 altos cargos de la administración autonómica, entre los que se incluyen algunos de los que pueden ser llamados a declarar ahora, "negaron recibir instrucción alguna en las contrataciones realizadas a preguntas de las fiscales anticorrupción y del juez instructor".

En esta línea, en el juicio oral por el caso de los trajes "todos los testigos, altos cargos de la administración autonómica, volvieron a negar recibir instrucción alguna para las adjudicaciones realizadas".

"Ninguna de las personas llamadas como testigos o imputados en esta excepción procesal a Camps ha dicho, indicado, apuntado, ni someramente referido que haya recibido encargo alguno para adjudicar tales estands a aquella

mercantil", recalca la defensa, que subraya que, por las declaraciones de investigados a las que ha tenido acceso, "han sido aclaratorias de la legalidad del procedimiento, exquisitas, concretas y coherentes".

"INDEBIDAS DILACIONES"

Asimismo, añade que consta en las actuaciones que la Abogacía de la Generalitat realizó en el año 2009 un informe "sobre cada uno de los contratos a esta mercantil y a otras relacionadas con la misma, justificando la legalidad del procedimiento, y en su consecuencia, el correcto actuar de los funcionarios intervinientes y de sus superiores, que han soportado en la causa las indebidas dilaciones de un procedimiento que se prolonga más de nueve años".

Por último, subraya que una de las fiscales anticorrupción interrogó como testigo a Camps en el reciente juicio por la financiación irregular del PP, tras las declaraciones de Ricardo Costa; Álvaro Pérez; Francisco Correa y Pablo Crespo, "sin que por el juzgador se dedujera de lo actuado testimonio para aperturar causa o

advirtiera la posible comisión de irregularidad alguna en orden penal sobre los particulares que ahora pretende reabrir".

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