El Senado argentino aprobó este jueves por una contundente mayoría el proyecto de ley de nacionalización de los fondos privados de pensiones tras un debate que se prolongó durante doce horas.

La iniciativa, que hace dos semanas ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, fue aprobada en el Senado, de mayoría oficialista, por 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención.

La reforma constituye una contundente victoria del Gobierno que preside Cristina Fernández y supone el traspaso al Estado de los millonarios recursos que desde hace catorce años están en las carteras de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).

Desde 1994

La ley pone fin al sistema de jubilación por capitalización creado en 1994 y permite el traspaso a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de unos 78.000 millones de pesos (23.350 millones de dólares) aportados por millones de trabajadores argentinos en estos años a las AFJP.

La reforma fue propuesta hace exactamente un mes por el Gobierno de Fernández, que alegó la urgencia de cambios en el régimen por la súbita y fuerte caída de la rentabilidad de los fondos de las AFJP, invertidos en bonos públicos y acciones que se han desplomado por la crisis financiera global, lo que compromete los ingresos de los futuros jubilados.

Desde la oposición aseguran que la reforma esconde "un problema fiscal y de cuentas" y que el Gobierno, para solucionarlo, busca "apropiarse de los fondos de los trabajadores que estaban en las AFJP".

En su proceso de debate, la reforma ha causado rechazo en los mercados, que interpretaron como un avance sobre la actividad privada el hecho de que el Estado, al absorber fondos invertidos en bonos públicos y acciones de empresas, pase a ser accionista minoritario en una treintena de grandes empresas de Argentina.

Las AFJP, controladas por bancos y aseguradoras de capitales argentinos, españoles (Consolidar, del grupo BBVA), holandeses y estadounidenses, tienen 9,5 millones de afiliados, algunos de los cuales ya comenzaron a acudir a la justicia en contra del inminente traspaso de sus aportes al Estado.

También hay un clima de zozobra entre los 11.000 empleados que trabajan en las AFJP, pese a las promesas del Gobierno de que serán absorbidos por el Estado.