En la Región hay más denuncias de particulares que de organismos públicos por el incumplimiento de la ley antitabaco. De 525 denuncias, los particulares han puesto 323 (61%) desde que el 1 de enero de 2006 entró en vigor. El resto, 202, las han puesto organismos públicos, como la Policía Local o la Guardia Civil.
A los que más denunciaron los vecinos fueron a bares y restaurantes (154), seguido de las confiterías y cafeterías (67).
Pero también les han caído denuncias a 33 comercios por parte de particulares, a 20 centros de trabajo y 16 centros sociales. Incluso se han llegado a denunciar locales especialmente sensibles a los daños del tabaco, como ocho centros sanitarios en los se fumaba o a nueve estaciones de servicio donde se encendían cigarros, con riesgo de explosión.
Desde 2006, la Consejería de Sanidad y Consumo ha realizado 766 inspecciones de oficio a locales para comprobar si se estaba cumpliendo la prohibición de fumar. Otras 2.571 inspecciones se hicieron en industrias alimentarias.
En todo este periodo sólo se han abierto 22 expedientes sancionadores. La multa oscila entre los 30 euros y los 600.000 euros, pero «la mayoría no suelen exceder de los 600 euros», según Sanidad.
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