El Ayuntamiento de Lucena del Puerto -co gobernado por los Independientes por Lucena del Puerto y el PP-- anunció hoy que dejará de prestar los servicios de atención a los aproximadamente 7.000 inmigrantes que se dan cita en la localidad durante la campaña agrícola tras recibir "la negativa de la Junta" a la petición de diferentes subvenciones para ello.

El alcalde de Lucena, el independiente Manuel Mora, aseguró que el Ayuntamiento de un municipio de 2.500 habitantes reales "no tiene recursos para afrontar la atención a una población que se cuadruplica durante la campaña agrícola" y lamentó que, "a pesar de haber adelantado 200.000 euros para estos servicios, ahora la Junta nos deniega las ayudas para la inserción social y para infraestructuras", por un importe de casi 500.000 euros, según detalló.

En este sentido, detalló que el Ayuntamiento "atiende a 100 alumnos en Primaria, la guardería aumenta en un 20 por ciento, para los que se dispone de un aula matinal, y los alumnos de Adultos se multiplican por diez, al margen de tener que contratar a un médico para el centro de salud, prestar un servicio de duchas y lavandería, contratar a un mediador intercultural o un asistente social, todo sin que estas competencias sean municipales, sino autonómicas y estatales".

Además, destacó que el próximo día 11 serán recibidos por el Defensor del Pueblo Andaluz, al que pedirá su "mediación porque serán 7.000 personas las que se quedarán sin unos servicios que son básicos, ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad financiera". Mientras tanto, el equipo de gobierno de Lucena ha decidido, además de pedir el adelanto de las subvenciones a la Junta para mantener la atención a los inmigrantes, poner la situación en conocimiento de los sindicatos, ya que "afecta a trabajadores del Ayuntamiento que trabajan en estos servicios desde hace muchos años".

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Diego Rodríguez, lamentó que los 200.000 euros que el Ayuntamiento adelantó para prestar estos servicios a los inmigrantes "no se hayan destinado a servicios municipales que sí son competencia del Ayuntamiento" y recordó "ya en el pleno de investidura el PSOE nos advirtió de que las administraciones nos iban a cerrar el grifo". Además indicó hay abierta una investigación, ya que puede haber "hasta 600.000 euros sin justificar", por lo que no descartó "acudir a los tribunales si hay visos de ilegalidad".

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