Y la paciencia deberá continuar, al menos, «por un año hasta volver a la normalidad», según José Canovas, responsable de justicia del sindicato CSI-CSIF. Cerca de 8.000 juicios han quedado suspendidos por la huelga y 20.000 diligencias sin tramitar entre notificaciones, citaciones o comparecencias.

Y es que aunque el Ministerio de Justicia anunció poner solución en tres meses, «es imposible porque no podemos trabajar por ley más de 2,5 horas extras a la semana», dicen del sindicato.

De momento, muy poco se notó la incorporación a sus puestos de trabajo de cerca de 950 funcionarios de Justicia que durante dos meses han estado en huelga por un incremento salarial. «Va por sólo por el número 27 y ya son las 11.00 horas», denuncia Raquel Faura, que espera a inscribir a su bebé, nacido hace ya dos semanas.

Montañas de papeles

El trabajo se amontonaba ayer. En la oficina de registro y reparto de documentos, en la Ciudad de la Justicia, «tenemos cerca de 5.000 escritos sin registrar. Hay papeles hasta debajo de las mesas», explica un funcionario.

Material que ahora se distribuirá por los juzgados. Lo que intranquiliza a Pedro Noguera, que espera recoger un certificado de nacimiento para poderse casar.

Conductor, 35 años.

«Esto es increible. Mi padre falleció en febrero coincidiendo con el inicio de la huelga de funcionarios de justicia. En principio es obligación del seguro y que ellos me entregaran el certificado de defunción, pero con la huelga ha sido imposible y he tenido que hacer yo todas las gestiones. Tengo paralizado todo, incluido el testamento de mi padre. Me he tenido que desplazar de Ricote para poder coger número y tener, por fin, el certificado».