SIMA 2008 arranca hoy marcado por la crisis y con un 30% de expositores menos

Y la poca oferta que tienen es toda una auténtica porquería. Una bazofia. Basura. Y a precio de oro.

Crisis?, pero si hace un mes ZP decia bien claro que no habia tal crisis. La que se nos esta viniendo encima... Toma talante!

Parece que empiezan a tener claro que hasta que no rebajen un 50%, no van a vender ni un rosco.

NO COMPREIS.

HA SIDO UNA ESTAFA PIRAMIDAL.

VIVIENDA A PRECIO RAZONABLE. YA!!!

Habrá algún tonto que compre un piso en la feria de este año?????????

si hombre han inflado los precios un 25%, asi te hacen una rebajadel 20% y te piensas que es un chollo.

ademas da igual los bancos no dan ni un duro .

ya tienes que tener las cosas bien atadas para que te den 200.000€ , y eso cuesta un trastero en Madrid.

¿Y a mi que no me da ninguna pena que esta gente se vaya a la mi...a? han estado años todos (inmobiliarias, constructoras, etc...) contribuyendo a hacernos la vida imposible a la gente normal, obligandonos a endeudarnos por vida a los que, por edad, nos ha tocado comprar un hogar estos años, así que ahora que les den. Que desaparezcan todos!!

Pero el problema es el Estado no la solución.

La intervención pública en materia de vivienda haciendo uso de la ley del suelo española favorece lo peor de la condición humana y política, en cuanto a corrupción.

Me temo que la cosa tiene difícil remedio político, no social. La Ley del Suelo es nefasta, y el Constitucional impidió una reforma a fondo. Otra hazaña de Pujol, por cierto.
Dado que la ley permite que se decida dónde puede construirse y dónde no de forma arbitraria, lo normal es que se acaben comprando esas decisiones o, más concretamente, a quienes las toman. Mientras eso continúe siendo así, casos como el de Marbella, Islas Baleares o el de Ciempozuelos seguirán apareciendo periódicamente en los telediarios.

La facultad de recalificar suelo es, con mucho, la principal fuente de financiación de los ayuntamientos, la principal fuente de corrupción en la vida política española y, para qué engañarnos, también una de las principales fuentes de financiación ilegal de los partidos políticos. Si de verdad se quieren evitar episodios como el de Marbella y regenerar la vida política, es necesario abordar de una vez la liberalización del suelo –abortada, por desgracia y como he comentado, por el Tribunal Constitucional– y la reforma de la Ley de Haciendas Locales. Mientras no se aborden esos asuntos, la corrupción urbanística seguirá manchando la democracia española.

La liberalización del suelo y un mayor control y rigor normativo en los concursos públicos no sólo abarataría las cosas, sino que reducirían las corruptas tentaciones que siempre acechan a la discrecionalidad y a la falta de transparencia.

De esta pandilla de iluminados que nos gobiernan no se puede esperar que recapaciten, simplemente porque sus prejuicios son de tal profundidad que sería imposible que lo hiciesen. Sólo la sociedad civil puede frenar el nuevo despotismo que conduce irremisiblemente a la servidumbre y a la miseria.
Estas son las cartas con las que este Gobierno de ingenieros sociales quiere plantar cara a un problema como el de la carestía de la vivienda. Un problema al que, por añadidura, ningún Gobierno puede poner coto porque el secreto para resolverlo no se encuentra en la coacción ni en el espíritu de redistribución sino en el mercado y el respeto a la propiedad privada.
Marx y Engels fijaron en el Manifiesto comunista cuál debía ser el primer paso de la revolución socialista: la expropiación de la propiedad territorial y el empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. En otras palabras, la nacionalización de la propiedad sobre la tierra y de los frutos que ésta produce. En España, una especie de alianza nacional-socialista está siguiendo a pies juntillas las indicaciones marxistas.

La intervención del Estado provoca distorsiones en el mercado que los burócratas necesitan atribuir a otros (inmobiliarias, especuladores, constructores, etcétera) para… volver a intervenir y dictar nuevas regulaciones.

Es la típica dinámica del intervencionismo según la cual se tratan de solucionar los problemas creados por anteriores intervenciones sobre el mercado libre con nuevas medidas intervencionistas que darán lugar a ulteriores problemas. A partir de ahora los franceses y los madrileños que no tengan vivienda, en vez de alquilar o vivir más tiempo en casa de familiares –como ocurre en el mundo civilizado–, u ocupar la vivienda de otro –como ocurre en Barcelona–, puede meter la mano en la cartera del resto de la ciudadanía para tener una “casa digna”.
Lo indignante es que son estos mismos políticos superimaginativos los que han hecho de la vivienda un bien de lujo. Han expandido el crédito de manera artificial provocando una gigantesca burbuja inmobiliaria, restringen extremadamente la oferta de suelo urbanizable elevando artificialmente su precio para jugar a las casitas con la propiedad ajena y pedir a los particulares gigantescas sumas por dejarles construir en su terreno, se niegan a dar plenas garantías jurídicas a los propietarios desincentivando la oferta de viviendas en alquilar y, por último, se dedican a cargar al suelo con impuestos de enorme creatividad para mantener un mercado de viviendas para una casta de privilegiados de clase media pagados por el resto de los españoles a través de los elevados precios de las viviendas libres.
De todos es sabido que un político es un individuo que, por ignorancia o mala fe, provoca un problema, busca una solución para solventarlo y siempre se las ingenia para dar con una que lo agrava aún más. Naturalmente, lo anterior no es aplicable en todas las ocasiones y con todos los profesionales de la política, pero, curiosamente, siempre se reproduce el mismo patrón cuando se trata el espinoso tema de la vivienda. Los políticos lo han generado mediante regulaciones draconianas cuya justificación única es mantener sus chiringuitos municipales. Los políticos llevan años intentando solucionar la carestía que ellos han creado, por último, esos mismos políticos son los responsables de las ocurrencias más delirantes para empeorar el problema original.

La artificial restricción política de suelo urbanizable que, desde tiempos de Franco, padece nuestro país ha sido un factor determinante tanto en el encarecimiento del suelo como en los casos de corrupción que de manera estructural padece buena parte del urbanismo español. No se trata tan sólo de que muchos responsables políticos hayan utilizado la potestad discrecional de la que gozan para recalificar el suelo para su lucro personal o para rellenar las arcas de su partido, es que son los propios ayuntamientos los que han encontrado en esa potestad discrecional y arbitraria una ilegitima aunque recurrente vía para su financiación.
En lugar de una legislación que amparase en este terreno el derecho de propiedad y la libertad empresarial, fijando como excepción aquellos terrenos que por razones paisajísticas y medioambientales deben tener claras restricciones a su edificabilidad, el gobierno insiste y da una vuelta de rosca al asfixiante y corrompible intervencionismo público que, lejos de respetar los derechos de propiedad, los convierte en permisos que se han de obtener o “comprar” a la administración. Claro que de la libertad no se cobra y de los permisos sí, así que Zapatero no sólo va a mantener este corruptor y liberticida statu quo sino que lo va a agravar en el área de las expropiaciones y de la regulación.
Así, en la nueva ley del suelo, que Zapatero defendió personalmente el 10/5/07 en el Congreso, no sólo se aplica un criterio arbitrario y casi confiscador de las indemnizaciones en los casos de expropiación, sino que se impone la obligación de dedicar un 30% del suelo residencial para la construcción de la llamada vivienda protegida, además de aumentar el impuesto del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria.
Al margen de las posibilidades de fraude y las restricciones que ofrece la vivienda “protegida”, lo cierto es que la administración pública no llega a compensar con su promoción el encarecimiento que sufre la vivienda por culpa de su intervencionismo y voracidad fiscal.
Aunque Zapatero supla con la demagogia su ignorancia sobre los aspectos más básicos de la economía, lo cierto es que este liberticida mandato sobre el suelo, lejos de erradicar la corrupción, la va a elevar a rango de ley.
“Cuando la ley decide qué se puede comprar y vender, lo primero que se compra y se vende son los legisladores”, dijo el humorista estadounidense P. J. O”Rourke en una de sus innumerables frases redondas. Quizá en nada se note esto más que en las sucesivas leyes del suelo, españolas y autonómicas, que consagran la recalificación como paso previo obligatorio para poder construir. De la decisión de un político, por tanto, dependen inversiones extraordinarias, de las que una parte tiende a acabar en los bolsillos de quien ha de firmar los papeles que permitan la edificación.

Como el mercado del suelo en España. Y así seguirá funcionando, pero peor; mucho peor. Porque la nueva Ley del Suelo, que comenzó su vigencia este julio que no ha sabido del calentamiento global, es el colmo de la combinación de poder y arbitrariedad. El sumun del socialismo. La panacea de la corrupción. La repera.
Porque ahora, con la nueva ley, puede llegar el probo funcionario de turno y expropiártela por dos duros. Lo del justiprecio siempre fue una coña marinera, porque el único precio justo es el del mercado, el que acuerdan dos partes sin otra condición que poner en común sus santas voluntades.

Espero que os haya aclarado algo a los que aún confiáis en el Estado para que os busque vivienda. Vais apañaos!!!

Igual que se está haciendo con los juegos olímpicos de Pekín, habría que sabotear el SIMA porque lo único que ofrecen son viviendas de 3 dormitorios a 300.000 euros ¿dónde están las ofertas? ¿Se creen que podemos pagar a 40 años una letra de 2000 euros? Que se metan la invitación gratis por el cacas.

Hilaria mierdas:

Sí que vuelvan a liberalizar el suelo ¿qué buen resultado eeeeeeeeeee? ¿por qué no volver a la época de que si la gente compraba pisos caros era porque los podía pagar? No sería que estaba todo sobrevalorado?

La única y urgente solución para todo esto es la vivienda de protección pública, hay que fomentar la vivienda de protección, la vivienda necesita, requiere, se hace imprescindible que sea un bien protegido por el Estado que garantice:

1. Que ningún ciudadano se quede sin poder acceder a un bien básico. (ya se ha reclamado este derecho los hijos de don quijote en Francia y les ha dado resultado).

2. Que se consiga dar trabajo a tantas personas que se dedican a la construcción.

3. Que se reduzcan los márgenes de beneficio que tienen las constructoras.

4. Que se controle el poder de los bancos:

Se controlen las comisiones, se controle que haya una subida abusiva de los tipos de interés, que se abaraten o eliminen todos los trámites bancarios en una hipoteca, sobre todo en la cancelación.

Que se reduzcan gastos y que se respete la cuota que se haya calculado en la compra de la vivienda.

Hilaria, vete a otro país que te has equivocado de sitio.