La cuenta atrás para que Agustín Pla, de 86 años, y sus hijos Carlos y Margarita, ambos discapacidades psíquicos, sean deshauciados del piso de la Barceloneta donde viven comenzó ayer con el juicio por la denuncia interpuesta por el propietario. Es el primero que se celebra contra una familia afectada por el llamado plan de los ascensores que prevé reducir el número de pisos de algunos edificios del barrio para poner elevadores.

Su abogado de oficio, Javier Arche, solicitó al juez que «se prorrogue al máximo» el desalojo de la familia, hasta que se les encuentre una vivienda, y que no se les cobre las costas del juicio. «No tienen nada. Es una familia que económicamente está fatal», afirma el letrado. Se espera la sentencia para dentro de 10 días pero legalmente hay pocas posabilidades de evitar el desalojo.

La Associació de Veïns i Veïnes de l'Òstia y la Plataforma d'Afectats en Defensa de la Barceloneta organizaron ayer una manifestación desde la Plaça Sant Miquel hasta la de Sant Jaume para mostrar su indignación por «el desalojo y la más que probable expulsión del barrio» de la familia. El ayuntamiento, según los vecinos, ofrece al padre vivir en una residencia, al hijo un piso compartido y a la hija una casa de acogida.