El Ayuntamiento de Sevilla ha sido condenado a pagar 7.200 euros a dos vecinos por su "pasividad" e "ineficacia" ante las denuncias que le presentaron por los ruidos de un local comercial (una carnicería, que, según el Ayuntamiento, abrió en el año 1998) .

El juzgado de lo Contencioso número 3 de Sevilla es el que ha dictado la sentencia. En ella, se afirma que los afectados formularon "reiteradas" denuncias por los ruidos que llegaban a su piso desde las cámaras frigoríficas del establecimiento, sin que el Ayuntamiento "adoptara medida correctora ni de otro tipo alguna" y pese a que el comercio funcionaba "con licencia de instalación, que no de apertura".

Esta situación llevó a los denunciantes a una lucha "excesiva" y en solitario durante ocho años.

La concejal del medio Ambiente de la ciudad, Encarnación Martínez, que "no es que haya existido dejadez, sino que los expedientes sancionadores tienen unos plazos y es posible que se hayan dilatado algo".

El caso se encuentra en manos de la asesoría jurídica del Consistorio hispalense, que entiende que llegó "un momento en que los vecinos consideraron que todo no iba tan rápido como querían y acudieron a la vía judicial".

En 2002, el comercio solicitó licencia para una cámara de congelación "que ya se encontraba funcionando", por lo que los afectados volvieron a denunciar los ruidos y vibraciones que sufrían, pero el Ayuntamiento no solucionó el problema.

Derechos vulnerados

Los vecinos, según el juzgado, vieron vulnerado su derecho constitucional "a la intimidad personal y familiar" y a la inviolabilidad del domicilio, ya que varias mediciones técnicas certificaron que los ruidos que llegaban a su hogar, incluso de noche, alcanzaban la categoría de "intolerables".

El Consistorio incurrió en "pasividad, inoperancia o inactividad", más aún cuando "las modernas técnicas facilitan la insonorización perfecta, como queda demostrado en este proceso".

Los vecinos, defendidos por la asociación Juristas contra el Ruido, tuvieron que acudir a la vía civil para resolver sus problemas con el establecimiento. Entonces, fue cuando, según la sentencia, se hicieron obras de adaptación a la normativa de contaminación acústica.

Ansiedad

Los afectados llegaron a aportar un parte médico que certificó trastornos de ansiedad, aunque el juez asegura que las circunstancias del caso "excusan la necesidad de cualquier prueba exigible a los recurrentes", pues considera "notorios los perjuicios sufridos teniendo en cuenta los intolerables niveles de ruido que han debido soportar y su prolongación durante ocho años".

Para Juristas contra el Ruido, la indemnización "sigue siendo escasa", pero considera relevante "que cese la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados a la integridad, salud, medio ambiente adecuado, intimidad, dignidad e inviolabilidad de su domicilio".