La Generalitat impuso 143 sanciones lingüísticas sobre rotulación y señalización entre los años 2003 y 2005, en cumplimiento de la Ley de Política Lingüística, y por las que recaudó 169.550 euros, según datos de los grupos de C's y PP en el Parlament.
El artículo 32 de la Ley de Política Lingüística (1998) establece que la señalización y carteles de información general que sean fijos, además de los documentos de oferta de servicios para usuarios y consumidores de establecimientos abiertos al público, "deben ser redactados, al menos, en catalán".
A su vez, el entonces portavoz adjunto del grupo popular, Daniel Sirera, ya dijo que "desde que un socialista preside la Generalitat, las sanciones lingüísticas han aumentado un 400%", en alusión a las impuestas de 2003 a 2005.
Sirera explicó que "por un tíquet de caja en castellano se imponen multas de 1.800 euros; por pólizas o rótulos de horarios se imponen hasta 3.000 euros de multa; por un cartel de Salida de Emergencia sólo en castellano se pagan 900 euros de multa; por carteles de precios 600 euros; por los de No permitido fumar se pagan 1.200 euros de multa si no están también en catalán, igual que por los relativos a derechos del usuario".
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