Los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid quieren que el juez del caso Guateque, Santiago Torres, investigue si detrás de la supuesta trama se esconde alguien más que unos cuantos funcionarios corruptos. Por ello, el pasado viernes pidieron al magistrado que cite a declarar como imputados a catorce «cargos superiores» municipales, según anunciaron ayer.

A diferencia de las personas relacionadas hasta ahora con el caso, los cargos apuntados por el PSOE no tienen meras labores administrativas, sino que ocupan puestos políticos, nombrados por el Ayuntamiento.

De siete distritos

Entre ellos figuran  los directores generales de Evaluación Ambiental, Manuel Tuero, y de Evaluación Urbana, Ramón Enrique Sánchez; los jefes de Evaluación Ambiental, Joaquín Fernández de Castro, y Calidad del Aire, Salvador Castromil; y el actual coordinador de Medio Ambiente, Ignacio López. También piden que comparezcan los concejales de los distritos Chamartín (Luis Miguel Boto), Salamanca (Íñigo Henríquez) y San Blas (José Enrique Núñez). Los otros seis fueron gerentes de las juntas de Chamartín, Ciudad Lineal, Barajas, Salamanca, Arganzuela y  Chamberí entre 2003 y 2007. «Utilizaron su cargo para favorecer a determinadas personas, rompiendo el principio de igualdad entre los ciudadanos», destaca el PSOE en el escrito presentado al juez.

La denuncia se basa en las declaraciones de Victoriano Ceballos, supuesto cabecilla, en un careo ante el juez, cuando dijo que las licencias «sólo se adelantaban por orden de los superiores; el director, el gerente, el concejal». En aquel momento no dijo nombres, pero dio una pista: «En las notas de los expedientes se ponía el nombre de la persona que se interesaba por ellos». El PSOE, indagando en los expedientes, ha dado con estos catorce cargos, a los que imputa un «presunto delito de tráfico de influencias».

El Ayuntamiento, «lesionado»

El juez de Guateque ha permitido al Ayuntamiento de Madrid personarse en el caso como acusación particular, al desestimar el recurso del PSOE que pedía que la Administración no pudiera presentarse. El magistrado interpreta que el Ayuntamiento ha sido «lesionado», por lo que se puede personar como «ofendido y perjudicado». Además, la actuación de los funcionarios supuestamente corruptos «alteró el funcionamiento municipal» y el Consistorio es quien tiene más «interés en exigir las responsabilidades».