En conferencia de prensa, García Madrid calificó esta medida de "inmotivada, intolerable e injusta", y dijo que "responde a una acusación y persecución sin fundamento, y de claro cariz político".

Por su parte, su abogado elaboró una cronología de los hechos denunciados, que arranca en septiembre de 2005, cuando, según sus palabras, el periodista José María Gil "recibe el encargo político de arremeter periodísticamente contra el PP, y se le paga por ello".

No obstante, y preguntado a este respecto, el alcalde dijo no saber quién hizo el encargo a Gil, y que las filtraciones a la prensa de sus conversaciones telefónicas son "por interés, y es bien fácil pensar quién puede tenerlo para darlas a conocer ahora".

Según el abogado, en 2006 salieron publicadas en los periódicos Nueva Línea y La Gaceta del Mar Menor noticias firmadas por Gil que aseguraban que el alcalde había comprado al promotor inmobiliario Facundo Armero un piso por sólo unos 60.000 euros y evitado pagar una multa de tráfico, respectivamente.

El 19 de diciembre de 2006, y ante el hoy fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, Gil se ratificó en su denuncia en la prensa y aportó 43 documentos, 42 de los cuales son la base de la denuncia del entonces fiscal jefe del TSJ de Murcia, añadió Pardo.

El 2 de abril de 2007, el fiscal solicitó a la jueza instructora de San Javier la intervención telefónica de los móviles del alcalde y del promotor porque podía "ser esclarecedora para el proceso", siempre según el abogado de García Madrid.

En opinión de este letrado, no era necesaria, pues se disponía de pruebas documentales para ambos hechos y para otros cinco, también investigados, en los que Gil implicaba a más concejales del equipo de Gobierno y en los que había de por medio convenios urbanísticos.

En su recurso afirma literalmente que "no surge indicio de criminalidad que precise de intervención telefónica, pues los datos aportados por la denuncia son tan concretos y determinados que basta con las pruebas documentales y/o, en su caso, periciales para su comprobación, sin que precisen mayor investigación".

García Madrid habló de "extrañas coincidencias e intereses" en las acusaciones en su contra" y se acogió al derecho a no declarar sobre aquello que desconozca, por lo que se negó a responder preguntas sobre sus conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente, pese a que aclaró que "de ellas no se infiere nada ilegal" y que todos los expedientes tramitados por el ayuntamiento que preside se han tramitado "de forma irreprochable".

Por último, el alcalde hizo una "enérgica denuncia" por el hecho de que se le esté causando, a él y a su entorno personal, "un daño irreparable sin razón, motivo ni apariencia": "A alguien se le ha ocurrido perseguirme y cazarme", apostilló.