De las arcas públicas municipales deben salir este año 85,4 millones de euros exactamente para que Valencia esté limpia. No es extraño, pues, que cualquier aspecto de este servicio público -cuya factura para el bolsillo ciudadano roza el 10% del total del presupuesto del Ayuntamiento- revista siempre un interés especial. Así lo corrobora Carlos F. en su queja.
Habla de una de las máquinas de limpieza urbana, el «soplador de aire». Lleva un tubo flexible y el motor de acción colgado a la espalda del personal de limpieza, a modo de mochila. Para Carlos, el ingenio industrial es más dañino que benéfico, «hace saltar el polvo de un lado para otro y lo esparce por el ambiente», dice. Desde su oficina, en la calle Pintor Salvador Abril, observa a menudo como una de estas máquinas hace que «los viandantes y los comercios tengan que soportar las consecuencias de una polución ambiental».
Hace saltar el polvo de un lado para otro y lo esparce por el ambiente.
El responsable de la gestión de Residuos Urbanos y Limpieza en el Ayuntamiento es el concejal Ramón Isidro. Es el cargo público municipal electo que con más atino - y autoridad institucional puede aportar luces a la reclamación. Pero, sin dar razones, ni motivos directamente a este Defensor, se niega a proporcionar cualquier información al respecto.
Por el mutis oficial, se ha recurrido a otras fuentes para alumbrar sombras, sobradamente avaladas por la profesionalidad y responsabilidad de sus portavoces. Tres empresas se encargan de la limpieza urbana en Valencia, desde la última adjudicación de la contrata a finales del 2005: FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), SAV (Sociedad de Agricultores de la Vega) y la unión temporal de empresas Secopsa-Nagarés.
Las máquinas de soplado, cuando se utilizan para el barrido son ineficaces.
Explica, como colofón que en SAV -a diferencia de FCC y Secopsa-Nagarés- no hay representación sindical, «por eso la empresa hace lo que le da la gana».
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA:
Concejalía de Limpieza: suspenso
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