El fiscal, Joaquín de la Riva, trasladará la denuncia al juzgado avilesino que instruye la causa. El juez decidirá si es o no delito. Lo será en caso de que se constate que fue una imprudencia grave y un riesgo manifiesto para el ecosistema de la ría. Si no se dan estas dos circunstancias «estaríamos ante una sanción administrativa», aclaró el fiscal.

Los ecologistas de Avilés denunciaron públicamente el vertido y el Principado ha responsabilizado a Arcelor Mittal. Le ha reclamado un aval de un millón de euros y actuaciones medioambientales para evitar que esta situación se repita. Sólo en el mes de diciembre se contabilizaron ocho vertidos.