La causa había llegado al alto tribunal después de que el pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declarara, a instancias de un recurso interpuesto por el sindicato CSIF, la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat dejando sin efecto la disposición adicional quinta al ver "un claro agravio comparativo" hacia los alumnos que optaran por una enseñanza mayoritaria del castellano y que, por su parte, el Gobierno valenciano recurriera esa decisión.

Dadas las circunstancias judiciales -además de la anulación parcial el decreto plurilingüe fue suspendido cautelarmente- la norma fue derogada por el pleno del Consell, de manera que se deja vía libre a la nueva 'hoja de ruta' en materia de enseñanza de idiomas, que pasa por la tramitación de una proposición de ley impulsada por los partidos que apoyan el gobierno del Botànic -PSPV, Compromís y Podemos-.

Por ello, la Abogacía de la Generalitat presentó este martes, 9 de enero, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo un escrito en el que explica esta derogación -llevada a cabo en diciembre- y le pide, en consecuencia, que "acuerde la tramitación del procedimiento y el archivo del recurso de casación por carencia sobrevenida de objeto".

El letrado argumenta que, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe acordarse la terminación del proceso, con todos sus incidentes, incluido el recurso de casación que nos ocupa, por carencia sobrevenida de objeto".

CSIF: "LA RETIRADA HACE FIRME LA SENTENCIA DEL TSJ"

Sobre la solicitud de la Abogacía de la Generalitat, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho público un comunicado en el que afirma que la notificación de esa retirada del recurso de casación "convierte, en la práctica, en firme la sentencia del TSJ".

El sindicato recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente su recurso por vulneración de derechos fundamentales contra el decreto 9/2017, de 27 de enero, que establece el modelo lingüístico educativo valenciano. La sentencia anulaba la Disposición Adicional 5 porque "resulta injustificada la certificación automática de los niveles de competencia lingüística en valenciano y en inglés para el alumno acogido a la mayor normalización del valenciano".

La central sindical apunta que el dictamen de la sala recalcaba el "desequilibrio para el castellano" y el "claro agravio comparativo para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano", tal como aducía CSIF en su recurso. El tribunal sostenía incluso que "la Disposición Adicional 5ª controvertida no supera el canon de constitucionalidad".

El TSJ concluía que esa disposición adicional "realiza una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia en la certificación de lenguas al alumnado". Por ello dictaminó que "vulnera derechos susceptibles de amparo constitucional" y acordó estimar la demanda presentada por CSIF.