Durante uno de estos actos, en el convocado en Salamanca, el coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, ha lamentado que el "silencio" en este asunto de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, mantiene en "fuera de juego" a los afectados.

Por ello, Aurelio Pérez ha insistido en que Marcos "aplique la excepcionalidad que le permite el real decreto", aprobado por el Gobierno de España el pasado 10 de noviembre, con la intención de dejar en suspenso la normativa hasta buscar una solución al problema.

En este sentido, los máximos responsables de UPA y COAG en la provincia de Salamanca, Guillermo González y José Manuel Cortes, respectivamente, han señalado que hasta ahora los agricultores repartían los purines en abanico o en plato, y que la nueva obligación supone una adaptación o compra de nueva maquinaria.

La normativa que ha entrado en vigor también recoge que el estiércol tendrá que enterrarse en "el menor plazo de tiempo posible", de ahí que hayan insistido en que la consejera aplace su aplicación para, además, estudiar y tener en cuenta también "la capacidad de las explotaciones", pues la entrada en vigor podría llevar al cierre de algunas de pequeño tamaño.

MAQUINARIA

La Alianza UPA-COAG ha remarcado que, si la Administración regional no da una solución a esta demanda, los agricultores y ganaderos de Castilla y León deberán adaptar su maquinaria o adquirir otra nueva, con inversiones económicas "muy costosas", que podrían estar entre los 30.000 y los 40.000 euros, y verían como su maquinaria recientemente adquirida y aún sin amortizar ya no sirve.

Además, los representantes sindicales han lamentado que esta situación, de continuar sin moratoria, "estaría dificultando que los ganaderos puedan dar salida a sus producciones de purín y estiércol fuera de sus explotaciones al imponerse restricciones de uso a los agricultores que pueden motivar su pérdida de interés por emplear purines y estiércoles".

Asimismo, han pedido que la Junta tenga en cuenta, que si otros territorios nacionales son más permisivos, los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma estarían "en inferioridad" al no poder ser tan competitivos, "no sólo respecto de ellos sino también respecto de los de otros países europeos que sí podrían ser más permisivos".