Las peticiones demandaban la relación de estos bienes, los domicilios, la cuantía, la causa legal de la exención del impuesto y los titulares de esos inmuebles, con excepción de aquellos que fueran personas físicas, pues son sujetos amparados por la Ley de Protección de Datos, según informa en una nota el consejo.

La Ley de Transparencia Pública de Andalucía obliga a órganos y entidades a resolver en plazo las solicitudes y señala que incumplir este extremo puede constituir una infracción, tal y como queda recogido en el régimen sancionador de la norma.

Ante el silencio de los ayuntamientos, los solicitantes interpusieron reclamación en el consejo, suministrándoles finalmente los consistorios la información requerida durante la tramitación del procedimiento. Se dio así cumplimiento al derecho de acceso a información pública de todas las personas.

La Ley de Transparencia marca como regla general facilitar el acceso a la información pública, aún existiendo supuestos legales que pueden limitar ese acceso, como por ejemplo cuando sea vean afectadas la seguridad pública, la defensa, los intereses comerciales, el secreto profesional o la propiedad intelectual o industrial.