Así, el Tribunal Constitucional ha acordado acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Asamblea y a la Junta de Extremadura, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Además, el Pleno del TC ha acordado la "suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados", una decisión que "es consecuencia automática" de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución.
Cabe recordar que este precepto establece que "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
Señala el TC en nota de prensa que la admisión a trámite y la suspensión cautelar "no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas".
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