Así lo ha hecho en las conclusiones de la reunión que ha mantenido esta comisión ayer y hoy en la Universidad de Cantabria (UC) y que han dado a conocer en una rueda de prensa en la que han intervenido rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, y el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UC, Javier León.

En estas conclusiones ponen de manifiesto "los principales problemas para la investigación en las universidades públicas españolas" y entre los que han destacado ese "grave riesgo" y que han achacado a que, por el momento, no ha habido "un incremento de fondos" dedicados a la investigación a pesar de que el país "parece mostrar signos de recuperación".

"Se mantiene el nivel de recorte, que supone una reducción alrededor del 36% en dichos fondos en los últimos 7 años. Esta situación pone en grave riesgo el nivel de competitividad y relevancia internacional que la Investigación española alcanzó antes de la última crisis económica", han señalado García Granda y León.

A ese "debilitamiento" de los fondos estatales dedicados a los programas de investigación (1,19% del PIB), ha apuntado que se añade "el estancamiento de la inversión privada en programas de I+D+i que no es capaz de compensar la falta de inversión pública en los niveles en los que lo hacen otros países desarrollados".

"El reconocimiento de la importancia de las universidades públicas españolas, como agentes impulsores del desarrollo de la sociedad del conocimiento, no es igualmente respaldado en todas las Comunidades Autónomas del Estado", ha lamentado y, por ello, han considerado "de suma importancia" que "se reconozca y se potencie la actividad investigadora de las universidades en los presupuestos autonómicos".

A estas "dificultades económicas", ha indicado que se añaden "las trabas que suponen los rígidos mecanismos para la contratación de investigadores" y que, según han dicho, "no responden, en absoluto, a la flexibilidad que requiere un desarrollo óptimo de los proyectos de Investigación".

"La imposibilidad de aplicar, en las universidades públicas españolas, modalidades de contratación que son de uso común en otros ámbitos de la administración limitan extraordinariamente la gestión de las plantillas investigadoras. Para las universidades constituye un obstáculo difícil de salvar el problema del encadenamiento de los contratos del personal que participa en proyectos de investigación", han añadido.

En este sentido, han señalado que las figuras contractuales contempladas en la Ley de la Ciencia, "aunque suponen un avance en el desarrollo de la carrera investigadora, no responden plenamente a lo demandado para el desarrollo de la actividad investigadora".

Han expresado la importancia de "recuperar los niveles de atención a los programas de Recursos Humanos en el Plan Estatal de I+D+i", en particular los programas 'Ramón y Cajal' y 'Juan de la Cierva' puesto que constituyen "un excelente método de selección de jóvenes investigadores para asegurar el relevo generacional y la regeneración del Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades".

Por otro lado, han destacado el "esfuerzo" de las universidades del G-9 para convertirse en referentes para el desarrollo empresarial a través de nuevas iniciativas e instrumentos para acercar la Universidad a las necesidades del tejido empresarial, así como el extraordinario desarrollo de la cultura y de programas de Emprendimiento en las universidades, especialmente orientados al estudiante.

Al respecto, han apuntado que es "de vital importancia mejorar las políticas de comercialización de las tecnologías desarrolladas en la Universidad".

En otro orden de asuntos, han considerado que la formación de doctores debe ser "un objetivo prioritario" de las universidades para afianzar los Recursos Humanos del sistema español de I+D+i. En este sentido, han destacado el compromiso del G-9 de Universidades, tanto en programas de formación transversal conjunta como en las Jornadas Doctorales que anualmente congregan a decenas de doctorandos de las 9 universidades públicas del Grupo.

"Por todo ello, estamos convencidos que la inversión en Recursos Humanos marcará el futuro desarrollo de la Investigación en nuestro país", han finalizado García Granca y León, que han ejercido como portavoces de esta comisión sectorial de investigación del G-9, constituida por seis grupos de trabajo e integrada por más de 80 personas de las 9 universidades públicas.

La reunión, que ha tenido lugar en la UC entre ayer y hoy, es la más numerosa de las que se reúnen dentro del Grupo 9 de Universidades, asociación creada hace 20 años y que está conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas.

Se trata de la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza.

La próxima reunión de la Comisión Sectorial de Investigación tendrá lugar en la Universidad de Extremadura.

En esta reunión se ha aprobado la creación de tres nuevos grupos de trabajo, por lo que la Comisión de Investigación pasará a estar constituida por nueve, al incorporarse el de Servicios de Apoyo a la Investigación (SAIs), el de Divulgación y Cultura Científica y el de Doctorado, según ha explicado el presidente de la Comisión.

El presidente de esta comisión ha señalado que "la influencia de esta Comisión Sectorial no ha dejado de crecer en los últimos años constituyéndose como un referente, en el ámbito de la Investigación, Desarrollo e Innovación, dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)".