se ordene el procedimiento de derivación de pacientes a centros alternativos.

El parlamentario 'popular' Carlos Suárez ha sido el encargado de defender la moción, en la que se propone que

la derivación "se hará siempre con el consentimiento expreso del paciente, que podrá revocar posteriormente" y que el consentimiento citado deberá ser vinculante para la Administración.

A ello añaden que la Administración sanitaria estará obligada a comunicar al usuario la derivación en cuanto esta se produzca, independientemente del tiempo de espera que suponga, y que la Administración obligará a los centros alternativos a dar una fecha aproximada de resolución y deberá ser comunicada al usuario. Por último, reclaman que los incumplimientos de fechas por parte de los centros alternativos deben constar en el expediente administrativo sean públicos y se comuniquen al usuario.

Por su parte el parlamentario de Podemos Asturies Andrés Fernández Vilanova ha defendido que, si bien el título de la iniciativa "es un poco confuso" porque "parece que quiere hablar del propósito de derivar pacientes a la privada, aunque luego el contenido no tiene nada que ver con el título", su partido está de acuerdo con la moción.

Vilanova ha recordado que esta iniciativa forma parte también de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre las listas de espera en la sanidad asturiana.

El diputado de Podemos ha defendido una enmienda -que ha sido aceptada por el PP-, en la que proponen cambiar el apartado en el que la moción recoge que "el paciente que no consienta la derivación a un centro alternativo no pasará a lista de espera no estructural", por "la persona que rechace una derivación no podrá ser castigada".

En opinión de Podemos,

a los pacientes "no se les puede penalizar por rechazar una derivación a otro centro".

Por parte de Ciudadanos el diputado Armando Fernández Bartolomé ha manifestado su apoyo a la moción y la enmienda de Podemos, así como la portavoz de Foro, Cristina Coto, quien ha considerado positivo que se controle la derivación a otros centros "para paliar la falta de medios propios y descongestionar no pocos servicios prestados". Desde Izquierda Unida, la diputada Marta Pulgar también ha defendido su apoyo a la iniciativa.

A pesar de que a la parlamentaria socialista Carmen Eva Pérez "no le encaja la letra con la música" en la iniciativa del PP, ha recordado que el consentimiento expreso del paciente ya está incluido en la normativa,

así como el derecho del paciente a revocarlo.

Asimismo, ha defendido que el rechazo a una derivación "no debe perjudicar a quien decide seguir en la lista para ser intervenido en su centro público de referencia".

Pese a mostrar su apoyo, Pérez ha indicado que la iniciativa 'popular' "huele de nuevo a la obsesión suya privatizadora del sistema sanitario".