Según ha indicado Hernando en una nota, el pasado 25 de octubre la UTE comunicó que "quiere dejar las instalaciones para que las ocupe Acuamed", de forma que ahora se trata de "concretar la fecha" para la que unión de empresa haga efectiva su salida. "En cuanto se produzca se iniciarán los trabajos de peritaje de daños, redacción de proyecto de reconstrucción y demás actuaciones necesarias para la puesta en servicio",

según ha dicho el dirigente popular.

Así, ha apuntado que se va a informar a la Audiencia Nacional "de todos los pasos que se vayan dando en el ámbito privado", para que la instancia judicial competente en las investigaciones en curso en el marco del caso 'Acuamed' destapado tras la operación 'Frontino' pueda "tener un conocimiento cabal de todas las actuaciones, por transparencia y seguridad jurídica".

Hernando, quien afirmó el pasado mes de septiembre que el Gobierno iba a elevar un escrito a la Audiencia Nacional para solicitar al juez Eloy Velasco, quien instruye la causa por presuntos fraudes y sobrecostes en las obras de Acuamed, para que se alzara la "intervención judicial" que se decretó sobre la desaladora; ha señalado que "el PP de Almería siempre ha dicho la verdad en relación a la situación de la desaladora del Bajo Almanzora".

"Hace pocas semanas se ha considerado la no existencia de prejudicialidad penal en relación con la desaladora, lo que permite plantear un proyecto de construcción", ha insistido el diputado nacional.

Según Hernando, desde enero de 2016 la postura de la Abogacía del Estado era considerar esta infraestructura, junto a otras "sujetas a prejudicialidad penal", por lo que "en aquellos proyectos en los que por una u otra causa existían dificultades de ejecución, y se encontraban investigados en cualquier instancia judicial, el criterio era la no intervención hasta la aclaración de responsabilidades".

Con esto, ha incidido en que "ahora" la Abogacía del Estado "manifiesta un nuevo criterio, favorable a reactivar la resolución de conflictos en el ámbito privado en obras que hayan sido objeto de investigación siempre que en todo momento se mantenga informados a los tribunales sobre las medidas que se fueran adoptando en cada caso, por si desde el ámbito judicial se estima necesario el establecimiento de medidas cautelares, por posibles afecciones a la investigación".

Asimismo, ha reiterado las palabras de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, de este martes en el Senado y ha señalado que "si la desaladora hubiera sido construida en la margen derecha del río Almanzora, donde se había proyectado inicialmente y donde recomendaban los técnicos, y no en zona inundable con defensas insuficientes y un coste de 63 millones de euros, estaría suministrando agua de calidad desde hace cinco años".

Para Hernando, la desaladora se encuentra inutilizada actualmente "porque el Gobierno del PSOE decidió construirla en zona inundable, y como no podía ser de otra forma, cuando se produjo la riada en 2012, la planta desaladora quedó destrozada".

Por otra parte, Hernando ha señalado, ante las declaraciones del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez, que "el único que debe agua a la provincia es el Partido Socialista, que le robó a los almerienses 105 hectómetros cúbicos de agua que iban a llegar procedentes del trasvase del Ebro, una decisión por la que aún no han pedido perdón a pesar de haber transcurrido 13 años, y que fue el mayor castigo que pudieron hacer a la provincia".