El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el presidente de la FRMP, Alfonso Polanco, han firmado el citado protocolo.

Alicia García ha explicado que el objetivo es reforzar la protección social de las personas más vulnerables en materia de vivienda y para ello se trata de "intensificar" la coordinación entre ambas consejerías y las entidades locales y dar una respuesta integral en este ámbito, ya que la vivienda constituye un elemento fundamental para la integración social de las personas y familias.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha incidido en que se pretende que las personas que lo necesiten puedan acceder a este recurso a través de una ventanilla "única" como son los centros de acción social (CEAS).

Así, ha destacado que se firmarán convenios con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (algo que se ha hecho ya con los de León y Segovia) para una gestión "más fácil y ágil" y las actuaciones sean "rápidas y eficaces".

Por su parte, Alfonso Polanco ha destacado que supone "un paso más" en la consolidación de los Servicios Sociales en una materia como la de vivienda, una "herramienta clave" de integración y ha destacado que, si además de dar una respuesta como tienen obligación las administraciones, ésta es "coordinada", se "cierra un círculo" en el que las personas que viven en Castilla y León van a tener una protección que "funciona, se coordina y suma esfuerzos".

Por eso, considera que ahora se trata de sumar y coordinar los "pequeños" parques que tienen las ciudades.

En virtud de este protocolo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se compromete a establecer y mantener un mecanismo de coordinación que permita gestionar eficazmente la información sobre la parte del parque público de viviendas destinado a cubrir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social y tramitar, si es necesario, una declaración de actuación singular y suscribir el correspondiente contrato de alquiler social.

Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades facilitará el acceso a la información y al alquiler social de una vivienda del parque público a las personas vulnerables cuando la interlocución que lleva a cabo este servicio integral no resuelva la situación de impago y la persona pierda su vivienda habitual, en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos y en los casos de familias con menores de edad que presentan carencia de medios económicos, con difícil empleabilidad y dificultades para acceder a una vivienda en alquiler.

Además, la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades, como entidad responsable de la Red de Protección, va a coordinar a nivel autonómico la gestión de aquellas solicitudes de vivienda dirigidas a un municipio distinto al de origen, como pueda ser el caso de una mujer víctima de violencia de género sin recursos que precise, por sus circunstancias, de una vivienda en otra provincia.

Con estas nuevas actuaciones se incrementa el amplio conjunto de medidas integradas en la Red de Protección y que persiguen asegurar la cobertura de las necesidades básicas, como puede ser la de la vivienda, ofreciendo un conjunto de servicios y ayudas de carácter integral.

Junto a esto, la Federación Regional de Municipios y Provincias llevará a cabo las actuaciones necesarias para impulsar, entre los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León, acciones que permitan una gestión coordinada de la atención a las personas y unidades familiares que necesiten una vivienda en alquiler.

La Junta de Castilla y León cuenta actualmente con un Parque Público de Vivienda para alquiler social con 1.784 viviendas de distintas procedencias, un número que se ha incrementado en un 52 por ciento en lo que va de legislatura, ha señalado el consejero.

En concreto, la mayoría 1.418 viviendas (el 80 por ciento) son las propias de la Administración autonómica gestionadas directamente por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; 100 son propiedad de la Sareb y cedidas a la para alquiler social; 103 de los ayuntamientos y rehabilitadas por Fomento y Medio Ambiente dentro del programa Rehabitare, incluidas también las cedidas por el Obispado de León para la misma finalidad; y, por último, 163 viviendas propiedad de Somacyl, gestionadas por la propia sociedad y ofrecidas en régimen de alquiler con opción a compra.