"No se trata de un problema de liquidez, ni de falta de fondos, ya que la PSA dada su calidad científica y técnica, ha podido conseguir fondos en convocatorias internacionales altamente competitivas de I+D, sino a la prohibición de gastar dichos fondos", han manifestado desde el centro a través de la petición lanzada a través de Change.org que ya ha recogido más de 13.800 firmas en la que apuntan que desde agosto de 2016 hasta junio de este año la PSA "no ha podido adquirir ningún equipamiento".

Para los impulsores de la petición, la orden dada por el Gobierno con el fin de reducir déficit "no tiene justificación" puesto que "los fondos recibidos provenientes de la Comisión Europea no afectan al déficit público español", de modo que las restricciones al gasto conllevarán la perdida de inversiones internacionales y puestos de trabajo así como "prestigio y credibilidad para la financiación de nuevos proyectos de investigación", según ha subrayado.

De mantener las restricciones, el centro ubicado en Tabernas ha advertido que se "impedirá" por parte del Ejecutivo "la incorporación a principios de 2018 del 40 por ciento de los puestos de trabajo asociados a personal investigador temporal del centro, a pesar de que la PSA dispone del presupuesto necesario para ello".

Esta situación "condena a la PSA a su desaparición como referente internacional a nivel científico, y a la pérdida de la competitividad para poder seguir teniendo éxito en convocatorias públicas internacionales de I+D que permitan seguir creando desarrollo, empleo y riqueza", según apuntan en su petición dirigida al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, al que reclaman que se cambien "urgentemente" las normas que les afectan porque "están causando un daño irreparable a la actividad de I+D" del centro.

La PSA está catalogada en España como una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) y a nivel europeo está reconocida como Large Scientific Installation por la Comisión Europea, sin embargo las normas impuestas por el Gobierno a los organismos públicos de investigación, diferentes a las existentes en el sector de la I+D en España como las universidades o el CSIC, "impiden el desarrollo de los proyectos de investigación con éxito".

Así, han considerado que estas normas "están dañando de forma irreversible la excelente reputación de la PSA" e "impiden la gestión adecuada de una gran instalación científica y tecnológica" que "gestiona proyectos internacionales de elevado presupuesto y financiados con fondos ajenos a los Presupuestos Generales del Estado".

Esta situación "no solo hace que participar en nuevos proyectos de investigación sea imposible, sino que también impide desarrollar correctamente los proyectos en marcha, llegando incluso a la grave situación de tener que devolver los fondos concedidos por la Comisión Europea, en algunos casos con intereses", según han advertido.