El Ministerio Fiscal sostiene que uno de los acusados, aprovechando las facilidades y la agilidad con la que se obtenía financiación para la compra de vehículos a plazos, decidió adquirir varios vehículos de alta gama a través de contratos de financiación en un corto período de tiempo, sin que en ningún momento tuviese intención de abonar su precio.

Para conseguir la financiación, utilizaba la acreditación de la pensión que percibía y, una vez que recibía el vehículo, lo vendía rápidamente a una tercera persona, inscribiendo la venta en el Registro de Vehículos para evitar el retorno del automóvil a la entidad financiera y, en los casos en los que no podía realizar la venta por haberse anotado la reserva de dominio, lo sacaba fuera del circuito nacional.

De esta forma adquirió desde junio de 2015 dos vehículos para los que abonó una pequeña entrada "sin que el acusado tuviera en ningún momento intención de pagar el préstamo".