El Colegio de Abogados de Granada se ha sumado a esta reivindicación de los procuradores granadinos después de que la Comisión Permanente del CGPJ, en aplicación del artículo 118.2 de la Ley 24/2015 -mediante sendos acuerdos de 21 de diciembre de 2016 y 2 de febrero del 2017-, acordara "sin argumentación jurídica o de otro tipo" la atribución en exclusiva de los asuntos en materia de propiedad industrial a diferentes juzgados de Madrid, Barcelona y Valencia para todo el territorio nacional, sin que entre ellos figure el de lo Mercantil número 1 de Granada, que dejó de conocer estos litigios desde el 1 de abril del presente año, según ha informado el Colegio de Abogados de Granada en un comunicado.

Dicha decisión del CGPJ, según la nota, obliga a justiciables y profesionales -abogados, procuradores y peritos- a desplazarse a otras comunidades autónomas, ninguna de ellas limítrofe, para resolver los conflictos en dicha materia, "perjudicando la administración de justicia en Andalucía y cercenando uno de los principios básicos de la justicia como es la cercanía al ciudadano".

Con respecto al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, desde su creación y especialización en asuntos mercantiles en el año 2004 y hasta el pasado 31 de marzo de 2017, ha sido el único juzgado que conocía en primera instancia de los procedimientos en materia de propiedad industrial en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla, por lo que, apunta la nota, "cuenta con la necesaria especialización judicial en la materia". Dicho juzgado ha resuelto desde su creación en 2004 un total de 405 asuntos en materia de propiedad industrial encontrándose actualmente en tramitación 90 asuntos más en esta materia, informan en el comunicado.

Por su parte, desde el Colegio de Procuradores de Granada han calificado esta decisión como "absolutamente razonable al atribuir la competencia para conocer de los mismos al Juzgado de lo Mercantil de Granada, ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con una población de derecho de más de ocho millones y medio de habitantes, primera comunidad autónoma de España en cuanto a población se refiere", ha concluido.