El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, espera que el decreto de identificación de vehículos con conductor (los denominados VTC) para evitar el intrusismo en el sector del taxi pueda aprobarse en unos tres meses.

Así lo ha señalado este martes tras la reunión del Consejo Regional de Transporte, que reúne a sindicatos, patronales del transporte de viajeros y mercancías, colectivos del taxi y asociaciones de vecinos.

Suárez-Quiñones ya avanzó la preparación de este decreto el pasado 27 de septiembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente en las Cortes para realizar balance de la primera mitad de la legislatura.

La norma obligará a estos vehículos a identificarse mediante una placa acreditativa que permita comprobar si se limitan al transporte previamente contratado de viajeros -lo que sí les permite su licencia- o si paran en lugares concretos para la captación de pasajeros -lo que invadiría la actividad del taxi-.

Asimismo, el consejero ha explicado que este decreto incluirá un sistema de inspecciones que vigilen cualquier posible infracción de la normativa que regula el trabajo de los VTC y permita detectar cualquier posible intrusismo.

LEY DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

Por lo que se refiere al otro gran anuncio de aquella comparecencia, la futura Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, el titular de la Consejería ha subrayado que ésta elevará el anteproyecto para su aprobación en Consejo de Gobierno una vez reciba los informes del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social.

Suárez-Quiñones ha recordado la necesidad de elaborar esta norma ya que en 2019 concluya la última prórroga de las actuales concesiones de transporte, que datan de 1947, y que ya no pueden volver a prorrogarse de acuerdo con la legislación europea.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha defendido la nueva ley como vehículo para "garantizar un sistema eficiente, seguro, moderno y de calidad", que cumpla además con las disposiciones de la Ley de Ordenación del Territorio.