El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado este lunes en Cartagena que la reforma constitucional que se está preparando debería abordar también cuestiones de carácter social y no solo territorial. En este sentido, ha informado que una de las reivindicaciones de la organización tiene que ver con los contratos sociales. Según ha dicho, la organización trabaja actualmente por recuperar el valor de la negociación colectiva en el país.

Considera que este tipo de reivindicaciones son más "complicadas" ahora que el foco mediático está en Cataluña, una zona en la que espera que los funcionarios no se vean envueltos en situaciones de presión ni de dobles órdenes. "Se deben a su trabajo", ha indicado señalando que la organización sindical asesorará allí a todo aquel que lo necesite, si bien ha advertido que de haber algún conflicto con los funcionarios en el desempeño de sus funciones les indicarán que deben "responder a la legalidad vigente".

El líder de CCOO espera que con las elecciones catalanas del 21 de diciembre y la formación de un nuevo Parlamento en dicha comunidad autónoma, "deberá abrirse un espacio de diálogo y de normalidad que nunca debió abandonarse; las elecciones deben servir para distorsionar la tensión".

Ha defendido que en Cataluña hay 142.000 personas afiliadas al sindicato, que "ha tenido una posición coherente y hemos apostado por el diálogo, la negociación y un escenario de distensión".

Aparte de eso, Sordo ha recalcado que el objetivo de CCOO en la actualidad es impulsar el sindicalismo de proximidad. En rueda de prensa ha hecho un análisis crítico de la salida de España de la recesión económica, una salida que ha propiciado en los últimos años, ha manifestado, que el país crezca al 3,1%, "pero ese crecimiento no se está repartiendo por igual. Cada vez hay más desigualdad".

A su juicio, las desigualdades provienen de las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno. Considera que en el país el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe subir de los 707 euros actuales y acercarse a los 1.000 euros al mes. Esta mejora salarial, añade, deberá hacerse por encima del IPC.

En cuanto a la política de pensiones, afirma que "son viables", pero que para ello el Gobierno debe preguntarse cuánto dinero quiere gastar en el sistema, él ve viable que se haga como en otros países y se invierta un 15% en el sistema de pensiones para que "sea viable el sistema ahora, dentro de 20 años y dentro de 30 también". Según ha expuesto, con el sistema actual de pensiones la diferencia entre el último salario percibido y la pensión será del 48%, por lo que "las pensiones no servirán para vivir y abrirán la puerta a los sistemas privados de pensiones".

Para que se lleven adelante estas propuestas, ha advertido, necesitan reforzar el poder sindical. Para ello, ha apuntado, están ahora mismo en un proceso de reorganización interna y apuntan que éste debe ser un "otoño caliente" en el que también promoverán movilizaciones que acompañen a cada una de las reivindicaciones.

"NO SE CUMPLE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE EMPLEO"

Junto a él han comparecido en rueda de prensa Santiago Navarro, secretario general de CCOO en la Región de Murcia y José Iborra, delegado comarcal de CCOO en Cartagena. Navarro ha criticado la situación de "inestabilidad" a la que está sometida la Región, en la que hay 128.000 parados, según los últimos datos.

El secretario general de CCOO en la Región ha recalcado que el 50% de los desempleados de la Región de Murcia son de larga duración y no tienen ningún tipo de recursos. Ha apuntado también que el 35% de los contratos que se elaboran son temporales, lo que sitúa a Murcia 10 puntos por encima de la media nacional. Según ha puntualizado, el 7% de los contratos son indefinidos y de ellos el 35% son a tiempo parcial.

Navarro ha criticado la Estrategia Regional de Empleo que se firmó con el Gobierno regional en diciembre de 2016 porque "no se está cumpliendo" y apunta que la mayor parte del empleo se está creando a través de ETT con "fraude de ley". Según los datos aportados, casi 440.000 contratos que se hicieron fue a través de ETTs. "Pedimos al Gobierno que potencie las campañas de vigilancia a las ETTs", ha dicho.

Aparte de eso, Navarro ha expuesto que el 50% de los convenios de la Región están desde 2007 sin firmar y que los trabajadores han perdido entre un 10 y un 15% de poder adquisitivo. Solicita, asimismo, acabar con la tasa de temporalidad que existe en la administración regional, donde dice que hay un 30% de temporalidad.