Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2018 de su departamento.

García ha señalado que los fondos destinadas a las políticas para atender a los casi 40.000 menores que anualmente participan en los programas de promoción, prevención y protección de menores han aumentado un 6,2 por ciento con respecto al pasado ejercicio.

Unas partidas que permitirán ampliar las actuaciones de prevención, dotadas con más de dos millones, para atender a los más de 11.200 menores que de media anual se benefician de estas medidas y que permitirá, entre otros aspectos, "mejorar" la detección y notificación de situaciones de maltrato. Además, la consejera se ha comprometido a "reforzar" las medidas de protección de menores, teniendo en cuenta que el sistema de protección protegió el pasado año a casi 8.700 menores, de los que 1.448 fueron tutelados por la Junta.

También se impulsará los programas de acogimiento familiar, con un incremento de casi el 20% hasta los 4,2 millones. Unas actuaciones que han permitido que a 1 de enero de 2015, 34 niños y niñas menores de tres años se encontraban en acogimiento residencial y en la misma fecha de 2017 el número se había reducido a 6. El número total de acogimientos familiares durante el año 2016 ha sido 961, un 5% más que en 2015, ha señalado.

Además, en el marco del Estatuto de los Acogedores Familiares, la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha asegurado que se va a promover acuerdos de colaboración con personas físicas o jurídicas que ofrezcan a las familias de acogida ventajas o beneficios directamente relacionados con los menores acogidos.

También se apostará por la inserción laboral de menores que llegan de los sistemas de protección y reforma, para lo que se destinarán más de 600.000 euros y se desarrollarán actuaciones respecto de los menores infractores, que con 12 millones van a permitir dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, realizar actuaciones de prevención de la delincuencia juvenil y de apoyo a los que han finalizado el cumplimiento de la medida para favorecer su proceso de inserción familiar, social y laboral.