Todos los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), unos 25.000 en Cataluña, se podrán escolarizar en centros ordinarios. Lo estipula el nuevo decreto de la escuela inclusiva aprobado este martes por la Generalitat y que afecta a todos los estudiantes hasta la etapa educativa postobligatoria.

Excepcionalmente, las familias que lo deseen podrán solicitar que su hijo curse estudios en un colegio de educación especial.También lo seguirán haciendo los estudiantes que presenten una discapacidad grave o severa.

La implementación de este nuevo decreto hará necesaria la contratación de 1.500 profesionales de la enseñanza durante los próximos cuatro años.

Ensenyament impartió el curso pasado formación profesional para directores y jefes de estudio de escuelas públicas y concertadas. En este curso se está formando al profesorado.

La nueva regulación se comenzó a perfilar en el mes de julio del año 2014 y sustituye a la vigente desde el año 1997.

Supone un «cambio de paradigma, al pasar de una escuela inclusiva a un sistema inclusivo», tal y como explicó la directora general de educación infantil y primaria, Carmen Ortoll. «Queremos que todos los alumnos de Cataluña vayan a centros ordinarios y que todos los centros sean inclusivos», añadió Ortoll.

La inversión pública prevista asciende a los 141.952.221 millones de euros hasta el año 2021. De este presupuesto, 99.775.526 millones se destinarán al personal docente.

Las familias que quieran decidir dónde estudiarán sus hijos contarán con el apoyo de equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógicos (EAP), que se encargarán de elaborar un informe.

Dentro de este decreto, se asegura que cada alumno cuente con «los recursos adecuados» a sus exigencias de aprendizaje. Dichas medidas de apoyo se revisarán periódicamente para ir ajustándolas a las necesidades que vaya demandando el alumno conforme a su evolución académica.

Se contemplan tres tipos de medidas: universales (para todos los alumnos) como los servicios de orientación y de tutoría.

Las adicionales (para los escolares en circunstancias especiales o en situación de vulnerabilidad, aproximadamente un 15% de la población escolar) las aplicarán los profesores con la ayuda de maestros de educación especial mientras que las intensivas estarán destinadas a alumnos con necesidades educativas especiales, que la Generalitat cifra en un 5% del total.

Otros profesionales implicados en estos planes individualizados son orientadores y especialistas en audición y lenguaje. Mientras que entre las medidas específicas se articularán programas de mejora, de apoyo social, de diversificación curricular, aulas hospitalarias, atención domicilaria y hospitales de día.

Las altas capacidades intelectuales del alumnado contarán por primera vez con un marco regulador en Cataluña y el decreto se refiere a ellas como «necesidades específicas de apoyo educativo».

La Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva celebró el decreto y lo calificó de «paso gigante» hacia una escuela inclusiva, excepto en el tratamiento de la postobligatoriedad, el cual no ven «definido».

De los 25.000 alumnos catalanes con necesidades educativas especiales, 7.000 están escolarizados en centros de eduación especial (5.000 tienen necesidades educativas severas o profundas y los 2.000 restantes podrían estudiar en centros ordinarios al presentar una discapacidad leve o moderada).