La manifestación, que ha finalizado ante la Subdelegación del Gobierno, ha reunido a aproximadamente un centenar de participantes, según la Policía Local de Granada, más de 300 personas conforme a los datos facilitados por la organización.
Según ha indicado a Europa Press el abogado José Carlos López en nombre de la plataforma, los agricultores siguen "creyendo todavía" que la "mediación" pueda paralizar el inicio de los derribos, partiendo de que tienen "todas las razones morales, éticas y hasta casi legales".
"Se va a ejecutar una sinrazón, un deslinde de hace 40 años, que no obedece para nada a la situación real actual y que, además, solo causa perjuicios", ha agregado López.
La Dirección Provincial de Costas "arrasará con 25 hectáreas de invernadero ubicadas en la zona del litoral de La Rábita y El Pozuelo y que actualmente se encuentran en proceso de plantado con la inversión que ello ha conllevado", ha explicado este abogado, en referencia a las 116 propiedades ocupadas por un centenar de agricultores, los mismos que "siguen teniendo préstamos e hipotecas para sacar adelante sus producciones".
Según los cálculos de la plataforma, se van a perder en esta zona, prácticamente limítrofe con la provincia de Almería, alrededor de 250 puestos de trabajo, y unos cinco millones de euros al año. A ello añaden la pérdida del 15 por ciento de los jornales generados desde la preparación de los invernaderos hasta la recolecta, además de 6.000 mil jornales adicionales.
Estos terrenos, tras las inundaciones de 1973, que recuperaron al mar una considerable superficie, se consideraron "sobrantes, no necesarios al dominio público". En el año 2000 la Dirección General de Costas ratificó el deslinde aprobado en 1977, con base a uno previo de 1964, para la recuperación de estos terrenos que "se habían considerado sobrantes".
Los dueños de los invernaderos proponen "la realización de un nuevo deslinde actualizado del dominio público marítimo terrestre que tenga en cuenta la realidad física existente (línea de costa), así como su uso".
La plataforma de agricultores afectados se ha decidido también poner el tema en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz y a su homónimo con representación en todo el territorio nacional, solicitando su intermediación con la Dirección General de Costas.
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