Fue el propio Seprona el que confirmó a Europa Press la apertura de diligencias sobre este caso. El cadáver fue remitido al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía (CAD), con sede en Málaga, para la realización de la correspondiente necropsia.

El Seprona ha pedido ayuda a través de las redes sociales (@guardiacivil) y ha facilitado un correo electrónico, además, para que quien pueda aportar alguna información lo haga directamente (seprona@guardiacivil.org). La Federación Andaluza de Caza ha hecho un llamamiento asimismo a los cazadores para que "colaboren activamente", así como a los guardas de coto de caza de la zona, a los que considera "fundamentales" por ser nexo de unión entre cotos y cazadores, de modo que manejan información que puede ser muy útil en la investigación que se está llevando a cabo por parte del Instituto Armado.

Las radiografías realizadas a este ejemplar hembra, de unos dos años, revelaron que la causa de la muerte había sido por disparo, de ahí que se haya abierto la correspondiente investigación para localizar al responsable o responsables.

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, legislación básica del Estado, estipula como infracción muy grave "la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos".

Esta ley estatal señala que la tipificación y cuantía de estas sanciones administrativas pueden ser agravadas por la legislación que aprueben las comunidades autónomas. Además, el Código Penal establece que la muerte de un ejemplar de cualquier especie protegida conlleva penas de prisión de hasta dos años de cárcel si se demuestra que ha sido intencionado, a lo que habría que sumar las correspondientes multas.