El plan de usos que ha aprobado inicialmente el gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona para Ciutat Vella ha caído como un jarro de agua fría en los sectores del ocio nocturno y la restauración, que ya han anunciado que presentarán alegaciones. Y es que este pretende minimizar el ruido por la noche para evitar molestias a los vecinos y por ello, no permite la apertura de discotecas, bares musicales, salas de baile y de fiestas y cafés concierto. Solo hay una excepción: si un local de ocio nocturno se traspasa, puede abrir otro dedicado a la misma actividad, pero siempre que sea en el mismo lugar. En cuanto a nuevos bares y restaurantes, el plan no los prohibe, pero impone condiciones estrictas para poder ponerlos en marcha.

Joaquim Boadas, el secretario general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), valora las medidas previstas "negativamente" y denuncia que provocarán que "el ocio nocturno vaya desapareciendo", pues señala que, aunque el traspaso de un negocio permita la apertura de otro en su lugar, si el propietario del local se opone a volver a alquilarlo para la misma actividad, será imposible. Y añade que esto se traducirá en una disminución del turismo, pues, "el 33% de los turistas deciden su destino en función de la oferta de ocio nocturno".

Boadas denuncia, asimismo, que el nuevo plan de usos "atenta contra el derecho a la libertad de empresa recogido en la Constitución" y apunta que "no hacen falta medidas tan drásticas" para evitar las molestias a los vecinos por la noche. Cuenta que Fecasarm está adherida al Pacte per la Convivència Nocturna, en el que también participa la Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica, y que este permite encontrar soluciones. "En la calle Nou de la Rambla de Barcelona, por ejemplo, había un vecino con cáncer que se quejaba de un local y lo que se hizo fue insonorizarlo", explica.

También se oponen al nuevo plan de usos desde la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), aunque su argumentario, por el momento, no es tan amplio como el de Fecasarm. "Las valoraciones fundamentadas se realizarán una vez se pueda analizar detenidamente el texto y presentar alegaciones", afirma el director de Servicios Jurídicos de esta organización, Fernando Martínez. Apunta, sin embargo, que "Fecalon no puede estar de acuerdo con un plan restrictivo de un sector estratégico para el desarrollo turístico de la ciudad".

En la misma línea, Roger Pallerols, director general del Gremi de Restauració de Barcelona, se queja de que "se ha entrado en un episodio en el que parece que la única solución a los problemas de convivencia es la restricción económica". "Existe una incapacidad de controlar el espacio público por parte del Ajuntament, que intenta buscar un culpable en la economía", señala.

Pallerols denuncia que las condiciones que establece el plan para poder poner en marcha bares y restaurantes supondrán, en la práctica, que estos no podrán abrir. Uno de los requisitos es que en un radio de 50 metros no haya más de 300 m2 dedicados a la restauración. Otra es que en un radio de 100 metros no existan más de 1.300 m2 destinados a actividades con impacto nocturno. Además, la superficie de nuevos bares y restaurantes no podrá superar los 100 m2 y estará vetada su apertura en edificios vulnerables donde no sea posible una buena insonorización. "Este tipo de condiciones en una trama urbana como la de Ciutat Vella son sinónimo de una prohibición por la puerta de detrás", afirma Pallerols.

Denuncia, asimismo, que dudan "de la legalidad" del plan, porque atenta contra "la libertad de implementación de empresas y pone trabas a la libre competencia" y se queja también de que el documento no ha sido pactado con los sectores implicados.

En la actualidad, en Ciutat Vella, están suspendidas las nuevas licencias para locales de pública concurrencia, una medida que se puso en marcha mientras se elaboraba el nuevo plan de usos. El Ajuntament, afirmó la regidora del distrito, Gala Pin, prevé contar con los apoyos suficientes para aprobarlo definitivamente a principios de enero de 2018.

En el distrito hay ahora 2.191 licencias de pública concurrencia –sin contar los establecimientos de hotelería, que no se regularán a través del plan de usos–. Un 41,15% corresponden a restauración, un 27,92% a alojamiento y un 17,7% a negocios de venta de alimentos.