La actuación de Policía Nacional y Guardia Civil en la jornada del referéndum secesionista del pasado domingo –declarado ilegal por el Tribunal Constitucional–, juzgada como «desproporcionada» por los partidos independentistas, así como la ausencia de algunos alcaldes en las manifestaciones posteriores en protesta por las cargas policiales, han alterado la composición de importantes gobiernos municipales catalanes.

El goteo de escisiones en el seno de estos consistorios (Mataró, Tarragona o Mollet del Vallès) se están produciendo, principalmente, debido a que la antigua Convergència (CiU) está retirando su apoyo a los alcaldes socialistas desde el pasado 1-O.

El último caso se dio ayer mismo en Mataró, donde su alcalde, el socialista David Bote, no cedió locales municipales para el referéndum, siguiendo la directriz marcada por el partido.

Las tensiones derivadas de esta decisión y la de no secundar la marcha contra las cargas policiales, llevaba ayer al grupo municipal convergente a romper su pacto con el PSC. El gobierno municipal socialista queda ahora en minoría con solo seis de los 27 regidores en el ayuntamiento (cinco son de CiU, la segunda fuerza política).

El pasado miércoles, el PSC también perdía la mayoría que ostentaba en la ciudad de Tarragona. Un concejal de Unió (Units per Avançar) dejó el equipo de gobierno que compartía con socialistas y PP. En un comunicado, el cuarto teniente de alcalde y titular de Cultura, Josep Maria Prats Batet, denunciaba «el uso indiscriminado de la violencia» durante el 1-O.

A causa de la decisión de Prats, el alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros queda en una posición comprometida, con 13 de los 27 concejales del municipio.

Aunque para que se produjera una minoría alternativa de gobierno en una moción de censura se tendrían que poner de acuerdo el concejal de Unió, el de Iniciativa, los del PDECat y los dos de la CUP con los cuatro de Ciudadanos.

Idéntica resolución que en Tarragona tomó el PDECat en la población vallesana de Mollet, eso sí, con varios días de antelación al referéndum del pasado domingo.

Se produjo el pasado 18 de septiembre, cuando los ex convergentes rompieron el acuerdo de gobernabilidad que alcanzaron en 2015 con el PSC tras conocer que el alcalde socialista, Josep Monràs, no apoyaría al Govern en la organización del plebiscito. Monràs se ha mostrado públicamente como uno de los líderes socialistas catalanes más contrarios al procés.

En la vecina Palau-solità i Plegamans, el grupo municipal de PDECat-Demòcrates salía del gobierno socialista de la primera edil, Teresa Padrós, ayer mismo, lo que supone la marcha de tres regidores y que el PSC se quede con solo cinco del total de 17 representantes en el pleno, más uno de Ganemos Palau. La mayoría de la asamblea de la formación convergente justificó su marcha únicamente por «razones ideológicas» sobre la celebración de la consulta.

En Vic, el PSC se quedaba el pasado miércoles sin representación en la ciudad tras la salida del Consistorio del único regidor de la formación, Benjamí Dòniga, quien desmintió que su marcha tuviera que ver con los sucesos del referéndum sino con «desavenencias» con la ejecutiva del partido en la capital de Osona.

Ese mismo miércoles, se desvinculaba del PSC la regidora de Governació del ayuntamiento de La Ràpita (Tarragona), Conxi Vizcarro, en este caso, sí a causa del posicionamiento de partido ante los hechos del 1-O. También pasó a ser regidora no adscrita, como Dòniga. «Ni el PSC de Catalunya ni el PSOE en el ámbito estatal han respondido de la manera que dictan mis pensamientos», declaró.

En Blanes (Costa Brava) el referéndum fulminó de igual modo la coalición de gobierno. En el pleno del pasado martes cesaron seis regidores de ERC y PDECat. Aunque los socialistas catalanes pidieron el «cese inmediato» de la violencia el mismo domingo y el alcalde de la población, Miquel Lupiáñez, calificó la «violencia policial» como «extrema, gratuita, inoportuna e innecesaria», estas declaraciones no evitaron que republicanos y convergentes dejasen en minoría a los cuatro representantes del PSC.

Las filas del PP catalán tampoco se han librado de deserciones. La formación en Roses condenó «la violencia» vivida el 1-O. La única regidora popular en Palamós, también en la Costa Brava, Vanessa Mányik, abandonaba el grupo al «no poder salir a defender» al gobierno español por usar la fuerza en nombre de la ley.

Durante la jornada de huelga general del pasado martes en Cataluña fueron pinchadas las ruedas de hasta 148 vehículos estacionados en los municipios gerundenses de Verges, Medinyà, Sarrià de Ter, Llagostera y Girona.

Los mossos investigan estos actos vandálicos.