Según el texto -que modifica y deroga el acuerdo anterior de 2009 en lo relativo a este apartado-, consultado por Europa Press, este curso 2017-2018 será de transición al establecerse en disposición un plazo máximo de doce meses, a partir de la entrada en vigor de la normativa, para que los centros elaboren su norma interna o adapten la actual a las previsiones contenidas.

Durante el plazo previsto para este proceso, las facultades y escuelas podrán seguir aplicando las actuales normas en todos aquellos contenidos que no se opongan a lo dispuesto en el texto aprobado.

Las novedades que aporta la nueva normativa se resumen en contemplar las distintas actividades docentes posibles, compatibilizar el modelo actual de tutelas individuales con la posibilidad de organizar grupos formativos en los grados, flexibilizar la evaluación de los TFE y continuar la singularidad de cada uno de los centros atendiendo a sus diversas prácticas en relación con los TFE.

Desde la Junta de Personal Docente e Investigador, el secretario general, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, ha indicado a Europa Press que aunque el sector sigue oponiéndose a determinados aspectos de una normativa "de mínimos", sí se congratulan de que la misma no esté vinculada con la computación de los créditos en los Planes de Ordenación Docente (POD).

En cualquier caso, consideran dicha normativa "innecesario", pues "los centros ya venían funcionando con norma específica". "No se avanza demasiado ni, por supuesto, se ha unificado una normativa para toda la universidad", ha apostillado.

El pasado año el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ya adelantaba a Europa Press que la sede académica se encontraba inmersa en un proceso de reflexión tendente a la modificación de sus TFG -de obligada redacción para aprobar la carrera según los preceptos del Espacio Europeo de Educación Superior- al haber detectado "debilidades" en su dimensión, todo ello al objeto de hacerlos más "útiles, prácticos y realizables".