Según han explicado a Europa Press fuentes del colectivo, una vez que se determine en el Juzgado el modo de proceder, el miércoles 6 se llevará a cabo la declaración de testigos y el viernes 8 las conclusiones finales, quedando entonces listo para sentencia.

Cabe recordar que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con fundamento en un informe de la Inspección de Trabajo, considera simulados los contratos laborales realizados a los exdelphis, sirviendo dicho informe para sancionar a empresas que impartieron la formación, como Fueca e Inteca, que han reaccionado "demandando a los trabajadores".

En este sentido, los extrabajadores de Dephi recuerdan que la propia Inspección de Trabajo señala en su informe que fueron "ajenos a tal simulación" y que "no intervinieron ni en la elaboración ni en la puesta en marcha de estas iniciativas".

SISTEMA "DISEÑADO" POR LA JUNTA

Según han resaltado, dicho informe de la Inspección expone que sí se ha comprobado la existencia de "un sistema de subvenciones directas concebido por la Administración de la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría".

En este sentido, agrega que "parte de estas subvenciones se destinó a financiar la simulación de relaciones laborales -con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones- para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de extrabajadores de Delphi".

Según han enfatizado, los perjuicios para los extrabajadores derivados de esta situación es "aún más grave" si se tiene en consideración que para mantenerse en el Dispositivo de Tratamiento Singular "se exigió a cada uno de ellos la firma de un contrato de adhesión individual que implicaba el compromiso de aceptación y cumplimiento de los planes de formación y de las contrataciones laborales que ahora parecen resultar no ajustadas a derecho".

SOLIDARIDAD DE PODEMOS

Por su parte, Podemos Cádiz ha expresado su "solidaridad" con los extrabajadores de Delphi que se enfrentan al juicio por los cursos de formación de la Fundación Universidad y Empresa de Cádiz (Fueca) y por la denuncia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que les reclama las ayudas recibidas en función de la cotización de estos cursos, contemplados en los protocolos que firmaron con la Junta de Andalucía.

En una nota, la portavoz de Podemos, Laura Mingorance, ha afirmado que "es indignante que, además de que la Junta de Andalucía ha incumplido todos los protocolos que firmó con los trabajadores, ahora tengan que enfrentarse a estos juicios fruto de las incompetencias de la administración autonómica".

"Estos trabajadores renunciaron a una parte de la indemnización que les correspondía porque la Junta prometió usar ese dinero para crear empleo en la Bahía de Cádiz", ha recordado Mingorance, que ha añadido que "en todos estos años lo único que han hecho ha sido favorecer a unos pocos con el vergonzoso negocio de los cursos de formación".