Así lo ha expresado la Ceacna en un comunicado en el que califica al club como "un ejemplo de transparencia y eficiencia en la gestión deportiva y portuaria".

Según ha recordado la confederación, el futuro de la entidad peligra tras una sentencia judicial firme que anula su concesión por una negligencia administrativa cometida en 2006.

La Ceacna considera que la ejecución de la resolución judicial "no puede hacerse sin tener en cuenta la labor social desarrollada por el Club de Vela Port d'Andratx", ni "el elevado coste que tendría para las arcas públicas compensar al club por las inversiones realizadas y los más de 20 años de pérdida de concesión".

Según la patronal de clubes náuticos, el Govern balear "tiene margen" para negociar una solución que contemple indemnizar a la empresa y mantener "el modelo que representa el verdadero interés público, que no es otro que el de un club deportivo sin ánimo de lucro, que fomenta el deporte, la integración, el acceso al mar de las economías modestas y que vertebra la sociedad del municipio donde se encuentra radicado", según el presidente de Ceacna, José Jaubert.

"No es de recibo que la gestión pública del litoral signifique la desaparición de los históricos clubes náuticos en beneficio de empresas que ponen barreras y además están acaparando numerosas concesiones en muy pocas manos", ha protestado Jaubert.

En esta línea, el presidente de la confederación ha señalado que "el evidente respeto por la sentencia judicial no quita que deba buscarse la forma más justa de ejecutarse teniendo en cuenta el buen hacer de esta entidad deportiva y su innegable compromiso con la sociedad".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, Miquel Suñer, ha agradecido el apoyo de Ceacna y ha recalcado la "enorme dificultad" que los clubes náuticos tienen para conservar sus concesiones, "frente a la facilidad con la que determinados grupos empresariales consiguen renovaciones exprés".

"En Andratx el Govern tiene una difícil papeleta y hay que suponer que para ejecutar la sentencia buscará la solución menos onerosa para los ciudadanos, pues no hay que olvidar que las indemnizaciones no las pagan los gobiernos, sino que las pagamos todos", ha concluido Suñer.