La formación ya denunció en febrero de este año el corte del fluido eléctrico en varias calles de la Barriada de la Paz y Rey Badis y la retirada de todas las instalaciones que carecían de contador, "sin distinción alguna ante las posibles situaciones de personas vulnerables, familias con menores o personas mayores".
La concejal Pilar Rivas asegura que las familias denunciaron las irregularidades de los presupuestos para regularizar las instalaciones por "sobrecostes en conceptos que por ley no debían contemplarse y que debían correr a cargo de la empresa". "Estas denuncias han pasado a Fiscalía, pero no han sido resueltas".
Rivas añade que cuando estas familias llaman a la compañía eléctrica para poder resolver la situación se les comunica que, pese a disponer de número de contrato, no constan como usuarios, aunque la empresa sí que ha utilizado la situación para reclamar la subvención por la detección de fraude.
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