La Generalitat no prorrogará los contratos a la empresa gestora de las cinco residencias de Barcelona con quejas familiares por los servicios a los usuarios. La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha anunciado este jueves que su departamento está preparando un nuevo concurso para delegar la gestión de los centros Bertran y Orihuela, Bon Pastor, Pare Vidal y Aunós y Alchemika, que, entre otras cosas, valorará las propuestas con una oferta de personal por encima de la ratio establecida.

Además, ha informado que a mediados de julio se incrementará el personal de atención directa de estos cinco equipamientos por encima de la ratio legal asegurando un mínimo de 3 gericultores por planta. El coste de este aumento se asumirá de manera compartida entre las empresas adjudicatarias Ingesan – Asproseat y la Generalitat.

En paralelo, también se han impulsado una serie de medidas para mejorar la situación en estos centros como el aumento de las inspecciones (incluidas las nocturnas), las reuniones con las direcciones donde se los ha requerido a solucionar los defectos detectados, la creación de una mesa técnica para elaborar los reglamentos de régimen interior y el refuerzo de la comunicación con los familiares de las personas usuarias a través de los Consejos de Participación.

La consejera ha destacado también que el Departamento ha suspendido cautelarmente la actividad de la gestora en la Residencia el Molí Vía Favència ante las irregularidades detectadas por el servicio de inspección. Además, la consejería ha abierto un expediente sancionador y ha iniciado los trámites para que la segunda empresa más bien valorada en la licitación se haga cargo de la gestión.

Bassa ha asegurado que la decisión se ha tomado ante las graves irregularidades funcionales detectadas hace un mes por el Servicio de Inspección relacionadas con la gestión de la medicación, las comidas y la higiene y que por ahora no se han enmendado, así como y la aparición de un brote de sarna que ha afectado a tres personas usuarias y tres trabajadores.

La entidad no ha adoptado las medidas necesarias para aislar a usuarios y trabajadores y no lo ha comunicado a los familiares en los plazos establecidos.

La empresa adjudicataria de las cinco residencias es la UTE Ingesan-Asproseat ha asegurado a través de un comunicado que cumple todos los requisitos de la adjudicación y que presentará alegaciones y que podría "tomar las medidas legales oportunas". Además, ha subrayado que ha manifestado de manera reiterada al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias "el importante desajuste entre la prestación contratada, recogida en los pliegues de condiciones de la adjudicación, y la necesidad real de las cinco residencias, tanto en las ratios de personas como en términos de mantenimiento de infraestructuras, y su máxima voluntad de colaboración para buscar una solución conjunta que resuelva este desajuste".

Además, ha lamentado que la consejería no los dio ninguna "propuesta alternativa o solución al respecto".

En cuanto al brote de sarna, la UTE asegura que "se activó el protocolo en tiempo y forma y la puesta en marcha de las medidas preventivas en todo el centro", y que se notificó "en menos de 24 horas desde el diagnóstico de MUTUAM, tanto al Departamento de Asuntos Sociales, como la Agencia de Salud Pública, convocando a los familiares a una reunión informativa sobre las medidas preventivas y las actuaciones llevadas a cabo". Por todo ello, considera que "no existe una causa jurídica que ampare la decisión de suspender de manera cautelar la actividad de la UTE gestora".

Paralelamente la consejería ha anunciado que recuperará la situación previa al 2012 en las residencias de gente mayor para aumentar las ratios en los nuevos pliegues.

Según la consejería, estas decisiones forman parte de una actuación global a través de la cual el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias revisará y actualizará los pliegues de licitaciones de las 47 residencias de titularidad publica de la Generalitat con gestión delegada.

La intención es revertir los recortes derivados de la aplicación de una serie de condiciones de gestión que se introdujeron a partir del 2012 para aumentar las ratios en los nuevos pliegues para todas las residencias de gente mayor.

Durante su intervención en el Parlamento, la consejera Bassa ha recordado que el Servicio de Inspección y registro supervisa el buen funcionamiento de todos los centros residenciales con los cuales el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias tiene relación.

En este sentido ha avanzado que la Inspección ha efectuado 259 visitas en centros en el último año y medio, detectando 114 incidencias de las cuales 97 se han resuelto favorablemente (el 88%) y 17 han motivado la apertura de un expediente sancionador.

En el caso de las cinco residencias mencionadas de la ciudad de Barcelona, se han incrementado las inspecciones con 17 visitas, sin que se detectara ningún maltrato físico o psicológico a las personas usuarias.

En Cataluña hay un total de 984 residencias asistidas de gente mayor asistidas de gente mayor, 63 de las cuales son de titularidad de la Generalitat (16 gestionadas directamente y 47 con gestión delegada).