Así se expone en una declaración pública, consultada por Europa Press, que el defensor ha realizado después de que el pasado miércoles unas 200 personas, entre vecinos, colectivos sociales y partidos políticos, se concentraran en el domicilio de Natividad Ibáñez y su hija consiguiendo paralizar por unos días este desahucio.

Tras reunirse con la afectada y la plataforma STOP Desahucios, Manuel Martín ha reclamado "que no se vulneren los Derechos Humanos y se garantice el derecho a una vivienda", cumpliendo tanto el marco jurídico estatal como los diversos tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado Español.

Ha recordado que la comunidad autónoma andaluza es la que tiene las competencias para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna para toda la población y por ello desde la Oficina del Defensor de la Ciudadanía ha reclamado que con urgencia las administraciones trabajen en "una solución al grave problema de vivienda que está sufriendo Natividad", de modo que no se quede "en la calle".

La Junta ha defendido en este tiempo que el lanzamiento ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción 3 de Granada en el marco de un proceso que se inició en 2016 y, según alega la Administración autonómica, fue instado por la denuncia que inició el exmarido de esta mujer, que era el adjudicatario legal de la vivienda. Este extremo lo niega la afectada, a la que el Gobierno andaluz acusa de ocupar ilegalmente esta vivienda.