La Fiscalía y tres imputados por amedrentar a deudores con llamadas intimidatorias han alcanzado hoy un acuerdo de conformidad por lo que ni se ha constituido jurado, como estaba previsto esta mañana, ni se celebrará vista.

El acuerdo de conformidad recoge que uno de los acusados acepta una pena de cinco meses y quince días de prisión por un delito de amenazas condicionales sin conseguir el autor su propósito. Deberá indemnizar por daño moral con 500 euros a cada uno de los dos perjudicados.

Y que los otros dos acusados aceptan una pena de cinco meses y quince días de prisión por cada uno de los dos delitos de amenazas condicionales sin conseguir el autor su propósito; y otra de nueve meses de cárcel por otro delito de amenazas condicionales en el que el autor sí consigue su propósito.

Además, deberán indemnizar por daño moral de manera conjunta a uno de los perjudicados en mil euros y a otro en quinientos.

Hay un cuarto acusado que está en rebeldía desde el principio. No ha sido localizado y cuando lo sea, será juzgado de los delitos de los que se le acusa.

La Sección Primera de la Audiencia provincial había convocado hoy la constitución del jurado del juicio contra los acusados de amedrentar a diversos deudores con amenazas y llamadas telefónicas intimidatorios, para conseguir que pagaran sus deudas.

Con este fin, dos de los imputados contrataron los servicios de los otros dos, uno de ellos el que está en rebeldía. La Fiscalía pedía para ellos penas de cárcel que suman 30 años. Así, imputaba siete delitos de amenazas a cada uno de los dos acusados principales, cuyas penas suman 12 años y 4 meses para cada uno y varían en función de si consiguieron su propósito -el pago de lo reclamado- o no.

Para los dos acusados que contrataron los servicios de los anteriores la Fiscalía pedía cuatro años y tres meses y un año y un mes respectivamente.

Según consta en el relato del fiscal, los métodos intimidatorios consistían principalmente en llamadas a los deudores que en algunos casos se repetían de día y de noche, dándoles detalles de la edad de sus hijos, colegio al que acuden, etcétera. A uno de ellos le amenazaron con cortar a la hija una pierna y llegaron a amedrentar a la totalidad de la familia.

En otro caso manifestaron que sus métodos de cobro "no eran los habituales" y que se atuvieran a las consecuencias tanto el afectado como su familia y personal de su empresa si no se pagaba la deuda. En otra ocasión advirtieron al deudor que "se iba a gastar el dinero en médicos para recuperarse de la paliza que le iban a dar".

En uno de los supuestos que se verá en este juicio, reclamaron 65.000 euros a un matrimonio de Barreda, merodearon alrededor de la vivienda y llegaron a agredir en una ocasión al marido.

El juicio estaba señalado para la próxima semana.