En este sentido, los empleados piden que "se dote adecuadamente la plantilla municipal de trabajadores sociales, educadores y personal necesario para un funcionamiento adecuado de los centros de Servicios Sociales", así como que "se diseñe y ejecute un protocolo de actuación para prevenir y aplicar cuando se den episodios de conflicto y violencia en los centros".

También, solicitan que "se aplique el reglamento de centros de Servicios Sociales, donde se tomen medidas con los usuarios que amenazan, intimidan y en ocasiones agreden a los trabajadores", y que "de manera permanente en todos los centros de Servicios Sociales haya mayor presencia de Policía Local", para lo cual abogan por "establecer un protocolo de coordinación con la Policía Local de proximidad".

Igualmente, reclaman que "se dote a todos los centros de los medios de seguridad necesarios, con cámaras de seguridad, alarmas antipánico"; que "sea el Ayuntamiento quien denuncie las amenazas e intimidaciones a los trabajadores, y por supuesto las agresiones, y no los trabajadores quienes de manera individual denuncien", y que "sean los servicios jurídicos municipales quienes además de formular la denuncia, se encarguen de la defensa en todo el procedimiento judicial".