Así se lo ha trasladado a alcaldes y técnicos municipales de la zona norte de la provincia de Jaén, de la comarca del Condado y de entorno de Linares, con quienes se ha reunido para informarles sobre las herramientas de las que se ha dotado y continua dotándose el Gobierno andaluz para garantizar el derecho a la vivienda de las familias más necesitadas. En el acto también ha participado el delegado territorial, Rafael Valdivielso, y el alcalde linarense, Juan Fernández.

Madueño ha explicado que el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 prevé el desarrollo de casi 200.000 actuaciones y movilizará una inversión pública cercana a los 730 millones de euros. "Todo bajo el paraguas de una estrategia social centrada en los colectivos de población que se hallan en situación vulnerable y que tienen mayores dificultades para el acceso o mantenimiento de una vivienda", ha puntualizado.

Una de las herramientas de cooperación son precisamente los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, instrumento obligatorio, tal y como queda recogido en la Ley 1/2010 del Derecho a la Vivienda en Andalucía, del que deben dotarse los consistorios y que tienen como finalidad recoger las necesidades de vivienda del municipio, conocidas gracias a los registros municipales de demandantes de VPO; y detallar la oferta que se debe impulsar en la localidad con el fin de responder a las necesidades detectadas.

La cuantía de las ayudas prevista en la convocatoria oscila entre los 1.000 euros para los municipios de hasta 10.000 habitantes, los 5.000 euros para las localidades con una población que oscila entre los 10.000 y 20.000 habitantes, y los 12.000 euros para municipios superiores a los 20.000 habitantes. La Consejería ha establecido esta gradación de los importes en función de los habitantes al considerar que la complejidad de los documentos que debe contener el plan será mayor en las localidades de superior tamaño.

Asimismo, ha recordado el Proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas, que refuerza las medidas para luchar contra los desahucios y amplía la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en la comunidad autónoma.

Como principal novedad, la norma permite a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles afectados por este tipo de procesos, garantizando así la permanencia de las familias en las mismas. Además, se modifica el régimen sancionador para prevenir abusos y reforzar los derechos de las personas consumidoras en las operaciones de adquisición de viviendas protegidas.

ÓRDENES DE AYUDAS

A los instrumentos normativos, Madueño ha sumado las líneas de ayudas abiertas por el Gobierno andaluz en materia de alquiler, rehabilitación edificatoria y eliminación de barreras en las viviendas de personas mayores o con algún miembro con discapacidad.

Respecto a estas últimas, ha explicado que en torno a 2.150 familias andaluzas se podrán beneficiar de la orden por la que se concederán tres millones de euros en ayudas para acondicionar sus viviendas para adaptarlas a sus necesidades. Estas subvenciones se concederán a través del Programa de Adecuación Funcional Básica, una línea de ayudas a la rehabilitación recogida en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en vigor hasta 2020.

En cuanto a la convocatoria de 2016 de ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales, la Consejería ha cerrado finalmente la concesión de 8,46 millones de euros a 4.018 familias residentes en 251 comunidades de vecinos de 42 municipios de las ocho provincias. Una vez finalizado este proceso, los destinatarios podrán comenzar las obras y recibir los incentivos próximamente.

Sobre las ayudas para afrontar el pago del alquiler de la vivienda habitual para familias andaluzas con ingresos limitados o en situación de especial vulnerabilidad a las que se les ha concedido la subvención, Catalina Madueño ha recordado que esta convocatoria está dotada con 16,3 millones y ha recibido 18.836 solicitudes.