Según han expuesto en un comunicado, entre los argumentos a favor de su protección se encuentran que el monumento se adaptó a la Ley de Memoria Histórica en 2010 y la transformación costó 39.000 euros, tras una decisión tomada por unanimidad.

Igualmente, han manifestado que el monumento tiene valores Patrimoniales Históricos y arquitectónicos reconocidos por numerosos informes y que la Ponencia Técnica de Patrimonio del Consell aprobó su declaración como Bien Catalogado de interés insular.

"Destruir patrimonio en Pleno siglo XXI es intolerable y la discusión ideológica sobre si el monumento es fascista o no, ya se ha dirimido en los tribunales cuando el Ayuntamiento de Palma defendió la contextualización efectuada, quitando todos los textos y colocando un rótulo en hierro advirtiendo del horror de las guerras y de las dictaduras", han señalado.

Además, han recordado que el monolito fue erigido para recordar a unas víctimas, "no para rendir homenaje a un barco asesino" y ha defendido que el autor, Francisco Roca, "es uno de los más importantes arquitectos mallorquines del siglo XX".

"La destrucción de patrimonio no tiene vuelta atrás. El principio de 'En caso de duda, conserva' es un principio imprescindible para conservar el rastro de la historia y no repetir los errores del pasado", han indicado.