Hasta comienzos del anterior mandato, recordémoslo, más de 40 instalaciones deportivas básicas pertenecientes al IMD estaban gestionadas a través de la figura de las juntas rectoras, que integraban a los clubes o entidades deportivas del ámbito de influencia de tales instalaciones municipales. Pero en 2007, un informe de la Secretaría del Ayuntamiento exponía que "en un gran número de supuestos, no se han constituido las juntas rectoras" dado que "no existían en su ámbito territorial suficientes entidades deportivas usuarias para la constitución de estos órganos colegiados".

El informe, recogida por Europa Press, señalaba el "agotamiento" de este modelo y, a la hora de abordar la gestión indirecta y "ordinaria" de estas instalaciones, zanjaba que la misma debería estar sujeta a contratos de "gestión de servicios públicos". Dado el caso, durante el mandato del PP, el IMD licitó concesiones administrativas para la gestión y explotación de un total de 34 instalaciones deportivas básicas municipales hasta entonces en manos de juntas rectoras, aspecto envuelto en una cruda controversia con no pocas acusaciones de "privatización".

Ya en el vigente mandato, el pleno acordó no prorrogar ninguna de las concesiones administrativas que pesaban sobre las instalaciones deportivas básicas municipales, rescatar aquellas que incurriesen en "incumplimientos flagrantes" y emprender un proceso de participación con los clubes y entidades deportivas, para acordar un nuevo modelo de "gestión compartida" para estos espacios.

Ante el nuevo modelo de pliegos ideado este mandato por el IMD para la concesión de la gestión de las instalaciones deportivas básicas, el PP detectaba una continuidad de su modelo e IU-CA avisaba de que estos nuevos pliegos mantienen, "en su esencia, la estructura de los que elaboró el Gobierno de Zoido en el mandato anterior", temiendo que las concesiones recayesen de nuevo en empresas o "entidades sin experiencia deportiva ni vínculos ni arraigo con el deporte de base de los barrios".

LAS AYUDAS

El caso es que a finales de marzo, el IMD licitaba la gestión y explotación de otras nueve instalaciones deportivas básicas municipales, defendiendo que los pliegos que rigen tales licitaciones contemplan "un plan de ayudas a la explotación con las que se asegura el equilibrio financiero de las instalaciones, así como precios en base a las ordenanzas municipales que faciliten la accesibilidad por parte de los usuarios, y un plan de inversiones que rehabiliten las instalaciones". Los pliegos, según el IMD, "priorizan la finalidad deportiva y social y responden a un estudio detallado de las circunstancias y contextos socioeconómicos de cada una de las zonas".

Pero Participa Sevilla ha reclamado, ya este viernes, revisar los "criterios" relativos a la explotación de las instalaciones básicas deportivas muicipales de Huerta Perejil y Bami. Tras una reunión con las entidades que gestionan actualmente estos espacios, y que aspiran a continuar haciéndolo, la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato expone que "los criterios del IMD son totalmente cuantitativos y no garantizan ningún tipo de fiscalización sobre lo que se plantea y después se realiza".

Incluso desde el CD Huerta del Perejil, según la edil, denuncian cómo integrantes del IMD "ni si quiera han pasado para conocer el estado del centro, ni han hecho ningún seguimiento de las actividades". "El esfuerzo de años de trabajo, con una gestión impecable, se ve ahora en peligro", ha denunciado Honorato.

EL CASO DE BAMI

En el caso de Bami, según dice, "es asombroso que la entidad que va a resultar adjudicataria sea la misma que estaba antes de 2014, con el consiguiente rechazo del barrio ante el lamentable estado de conservación y la gestión tan deficiente llevada a cabo durante esos años".

"Estos nuevos pliegos economicistas pueden provocar que las empresas acaben haciendo bajas temerarias, lo que puede ocasionar la vulneración de los derechos laborales. Es una locura, Espadas no sólo no apuesta por un empleo público y digno, sino que fomenta la precariedad laboral", ha denunciado Honorato.

Además, Honorato ha vuelto a denunciar cómo las cláusulas sociales son un "auténtico espejismo" en los procesos de contratación municipal. "No sólo no se implementan como vende constantemente el Gobierno, sino que fomentan la precariedad. Increíble", ha expresado la portavoz adjunta de Participa Sevilla.

Desde Participa Sevilla también se destaca que estas entidades "han mejorado enormemente las condiciones en que se encuentran respecto a cuando comenzaron su gestión y han realizado mejoras invirtiendo su dinero en beneficio del vecindario".