El pasado 25 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó, en su sesión plenaria, atribuir a 54 juzgados de Primera Instancia de España la especialización de los asuntos relativos a demandas y litigios sobre cláusulas bancarias abusivas, una medida que entró en funcionamiento el pasado 1 de junio.

En el caso de la Comunitat, el acuerdo fijó que en la provincia de Alicante ésta especialización recayera sobre el Juzgado de Primera Instancia número 5, en la provincia de Castellón en el Juzgado de Primera Instancia número 6 y en Valencia en el número 25.

La Sindicatura de Greuges ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que el Juzgado de Valencia ha arrancado con una dotación de cinco funcionarios, el de la provincia de Alicante con cuatro y, en la provincia de Castellón, ni se ha creado, como en las otras dos provincias, un juzgado paralelo adscrito ni se han reforzado los funcionarios del mismo.

Igualmente, el Síndic ha detallado en su investigación otras incidencias que han trascendido en los medios relativas a la falta de secretario judicial en el Juzgado de Valencia, así como la precaria dotación de medios personales, materiales y de consignación de estos juzgados para poder desempeñar sus funciones.

El defensor del pueblo valenciano es consciente de la complejidad de las competencias de la Administración autonómica de Justicia en esta materia, así como del escaso tiempo de respuesta para hacer operativa esta medida. No obstante, ante el previsible aumento de litigios relacionados con las cláusulas suelo y las expectativas de la ciudadanía en resolver sus reclamaciones, el Síndic se ha dirigido a la Conselleria de Justicia solicitándole información sobre las medidas adoptadas y las que tiene previsto adoptar para garantizar el buen funcionamiento y operatividad de este nuevo organismo judicial.