El exalcalde acusado en el caso Pretoria quiso ocultar la deuda de una empresa municipal

  • Según un técnico del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, trató de ocultar "un agujero superior a 80 millones de euros".
  • El técnico también ha dicho que vio algunas irregularidades en Gramepark, que se extralimitaba de sus funciones.

Un antiguo técnico del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) ha dicho este lunes en el juicio a la trama de corrupción Pretoria que el exalcalde y acusado Bartomeu Muñoz trató de ocultar un informe que ponía en evidencia "un agujero superior a 80 millones de euros" de la empresa municipal Gramepark.

"Este informe sobre todo no lo paséis a nadie, no lo comentéis a nadie", fue lo que Muñoz le dijo al técnico Alberto Gadea cuando éste le enseñó los resultados de una auditoría externa de la empresa pública, según él mismo ha testificado.

Gadea ha dicho que vio algunas irregularidades en Gramepark, que se extralimitaba de sus funciones (construir aparcamientos y viviendas) y realizaba operaciones urbanísticas propias del Ayuntamiento y ha subrayado que muchas veces comenzaban un proyecto antes de llevar a cabo la adjudicación del mismo.

Llegó un momento, ha explicado, que los bancos se negaron a dar crédito a la empresa y él -encargado de las finanzas del Ayuntamiento- comenzó a detectar problemas de solvencia de Gramepark, por lo que pidió una auditoría externa pero el alcalde le empezó "a dar largas" y su relación con él se dificultó.

Según Gadea, cuando la auditoría puso de relieve una deuda superior a 80 millones de euros, "se intentó ocultar el informe" y "se siguió encargando obras a viva voz" a través del entonces presidente de Gramepark y exconcejal Manuel Dobarco -también acusado-.

Y aunque él "advirtió fundamentalmente a Muñoz con mucha insistencia", el exalcalde le retiró su confianza y Gadea dejó de tener acceso a él.

En relación a la operación urbanística La Pallaresa investigada en la causa, ha confirmado las "brutales" presiones por parte de algunos cargos del Ayuntamiento hacia la interventora municipal que dificultó la adjudicación del proyecto debido a que los informes estaban incompletos.

Ha dicho que le sorprendió "la reacción terrible" del secretario del Ayuntamiento, Javier Ezquiaga, y sobre todo, que tiempo después se dieron cuenta de que el Consistorio tenía el informe de plusvalías que pedía la interventora, por lo que "no solo le presionaron sino que le negaron la información".

También ha testificado este lunes la entonces portavoz del PP en el Consistorio, Carmen Saez, quien ha dicho que el alcalde era un "gran defensor" de la Pallaresa, que benefició "más a los promotores que a la ciudad".

Sáenz ha apuntado que las modificaciones del proyecto que se hicieron una vez adjudicado éste restaban los metros de vivienda pública en privilegio de la privada y que se hizo muy rápido y sin dar explicaciones al resto de grupos.

"En este tema la información iba a gusto del gobierno municipal", ha dicho la testigo, a quien le pareció "un colmo" que el gobierno ni siquiera respondiera a las alegaciones que hizo el PP del proyecto ni realizase el estudio de viabilidad económica que le pidieron.

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