Según ha señalado la organización ecologista en una nota, "este vertido de aguas ácidas contaminantes al río Odiel no debía haber ocurrido, estimado en unos 300.000 metros cúbicos, dado que entre 1993 y 1996 se llevaron a cabo, para evitar este tipo de catástrofes, una serie de planes de restauración ambiental de las cuencas mineras de los ríos Tinto y Odiel".

Los mismos, según añaden, "fueron financiados en un 60 por ciento con fondos Feder europeos y el resto con presupuesto de dinero público andaluz", indicando además que las actuaciones realizadas en aquel entonces en La Zarza "supusieron un gasto de cerca de un millón de euros y se desarrollaron en dos fases que consistieron principalmente en el taponamiento y sellado de desagües, el apilamiento de materiales de escombreras, la construcción de canales perimetrales, la construcción de trampas alcalinas e instalación de plantas de tratamiento de aguas, la mejora de suelos y la revegetación de los terrenos afectados".

Por otra parte, los ecologistas consideran que la Administración "desoyó" las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz en 1999 a la Dirección General de Industria, Energía y Minas andaluza, realizadas con el objetivo de hacer un estudio exhaustivo sobre la peligrosidad o riesgos para las personas -trabajadores y población- y medio ambiente de las balsas mineras.

La respuesta de la Dirección General en aquella ocasión al Defensor "se limitó a justificarse ya que el número de técnicos de minas resultaba escaso para la reglada inspección", si bien afirmaba que "desde luego no se desoyen las denuncias de entidades particulares aunque estas últimas, como es lógico, suelen manifestar una visión simplista, subjetiva y parcial de los problemas que no siempre pueden ser asumidos".

El vertido de La Zarza demuestra que es "bastante más caro corregir o minimizar los daños de catástrofes ecológicas que prevenirlas mediante las medidas necesarias", puesto que las actuaciones ejecutadas por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, previsiblemente, "deben de haber originado un gasto de emergencia superior a las inversiones realizadas en 1996".

Además, las actuaciones llevadas a cabo con el citado plan de emergencia son "un parcheo" para salir del paso porque la construcción de presas con materiales de las escombreras "no evita las filtraciones a los ríos, en este caso al Odiel, como ha quedado demostrado".

Después de tantos años y con antecedentes como el vertido de Aznalcóllar, que fue anunciado y denunciado por Ecologistas en Acción, "se demuestra que no toda denuncia es simplista ni parcial o subjetiva, y se comprueba que la administración andaluza no ha querido aprender nada, por lo que es necesario exigir que rinda a la ciudadanía cuentas claras, públicas y accesibles de las actuaciones de emergencia ejecutadas, que la organización ecologista calcula que supera con creces al millón de euros".