El Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha reabierto la investigación por el supuesto fraccionamiento de contratos del Ayuntamiento entre los años 1994 y 2014 para favorecer a Trasgos, grupo que montó actos electorales y campañas para el PP. Este conglomerado empresarial facturó en este tiempo al consistorio más de 2,7 millones de euros por la realización de eventos como Expojove, la Japan Week, Valencia Ya o anuncios publicitarios de la Policía Local.

Esta causa tiene su origen en 2014 y parte de la denuncia que presentó en ese momento el actual alcalde de Valencia, Joan Ribó, ante la Comisaría, cuando era portavoz del grupo municipal de Compromís.

Fiscalía abrió una investigación y el caso se judicializó en 2015. Se tuvo que archivar provisionalmente la causa, y ahora el juzgado ha decidido reabrirla tras recibir un nuevo informe de la Policía sobre el supuesto fraccionamiento de contratos.

El juez, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha 28 de abril, ha acordado también el secreto de las actuaciones por tiempo no superior a un mes porque "las especiales circunstancias que concurren en este procedimiento aconsejan que las diligencias de instrucción no sean conocidas por las partes, salvo para el ministerio fiscal, pues su conocimiento podría perjudicar la investigación en curso".

Al respecto, Ribó ha recordado que había un grupo de empresas, en concreto, cuatro, de Trasgos, que por una parte habían facturado aproximadamente dos millones de euros a distintos servicios del Ayuntamiento y, por otra, había indicios de que estas mismas mercantiles habían hecho "elementos significativos" de la campaña electoral del PP. "Teníamos la sospecha de que podía haber financiación irregular a través de empresas al PP", ha apostillado.

"De momento esto se archivó, pero vimos con el paso del tiempo que nos pedían más información que presumiblemente tenía alguna relación", ha aseverado el primer edil. "Ahora está bajo secreto de sumario", ha dicho, para añadir que cuando se levante esta medida, el consistorio se personará porque entienden que puede ser un ente perjudicado.

Ribó ha insistido: "Esperaremos pacíficamente a que se levante el secreto de sumario y luego dejará de ser Ribó y será el Ayuntamiento el que se persone -en el procedimiento-, porque es el supuestamente perjudicado".

LA DENUNCIA DE 2014

En la denuncia que presentó Ribó en 2014 se manifestaba que el consistorio había fraccionado "reiteradamente" contratos para burlar la ley y así poder adjudicarlos directamente a lo que denominaba el "conglomerado de Trasgos", integrado por Trasgos Comunicación SL, Cuco Comunicación SL, Tannhäuser Producciones SL y Construcciones Paya y Montesinos SL, todas ellas con los mismos socios y el mismo domicilio fiscal.

En concreto, la denuncia de Compromís aludía a contratos adjudicados por valor de 2,2 millones de euros para la realización de eventos como Exojove, la Japan Week, Valencia Ya o anuncios publicitarios de la Policía Local, más alrededor de 500.000 euros a la Federación Deportiva Municipal.

Sobre la federación, se denunciaba que Enrique Pérez Boada, entonces concejal de Deportes, otorgó entre 1995 y 2002 contratos a la empresa Trasgos por valor de 270.000 euros y desde la Federación Deportiva Municipal por 214.000 euros, en ambos casos por dos años prorrogables. Posteriormente, en del 27 de febrero 2003 y noviembre de 2004 fue miembro del Consejo de Administración de Trasgos.

En el caso de Expojove, se señalaba que desde 2000 a 2014 siempre se había escogido a Trasgos para llevar a cabo diferentes servicios. En total, se le pagaron 880.000 euros. Sobre la Japan Week se aludía a un supuesto fraccionamiento de contratos para evitar el concurso público por un valor global de 62.000 euros.

En el caso de Valencia Ya, en 2004 había tres facturas de 11.980 euros, cuando a partir de 12.000 era obligatorio concurso público. 2005 y 2006 también por debajo. Para publicidad y anuncios oficiales, en estos años se pagaron hasta 361 euros a Trasgos.

Por último, en la denuncia se resaltaba el papel de Trasgos como proveedor habitual del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, a quien había facturado un total de 27.257 euros en los 2005, 2007, 2008 y 2009.