Tras País Vasco y Asturias se sitúan Navarra (0,11%), Andalucía (0,10%) y La Rioja (0,06%) durante 2014, último año con información completa y definitiva.

En el lado opuesto, las comunidades que menos porcentaje del PIB destinaron a cooperación al desarrollo fueron Baleares (0,00%) y Murcia (0,00%), mientras que otras cinco autonomías destinaron el 0,01% de sus recursos a políticas de cooperación: Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria y Canarias. Por su parte, Castilla y León, Cataluña y Galicia dedicaron el 0,04% de su PIB y Aragón el 0,02%.

En concreto, el Principado de Asturias dirigió a políticas de cooperación 4,37 millones en 2014, lo que supone un 14,08% menos que en 2013 cuando se dispuso de 5,086 millones.

El informe ha sido presentado este jueves a las organizaciones no gubernamentales con la presencia de la directora general de Emigración y Cooperación al Desarrollo, Begoña Serrano, y la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Gimena Llamedo. Ambas resaltaron la importancia de los agentes de cooperación y su participación para realizar la evaluación del plan.

Después de que en 2012 se registrase un "brusco descenso del presupuesto", Asturias consiguió mantener porcentajes similares durante los años sucesivos, se indica en el documento de análisis.

Asimismo, se detalla cómo la participación de las ONGD en la canalización de la ayuda pasó del 93,53% de los recursos en 2013 al 100% de los recursos en 2014. Entre 2013 y 2016 la cuantía destinada a cooperación en Asturias fue de 18,81 millones de euros, con un grado de ejecución del 98,67 por ciento.

Entre las recomendaciones de la evaluación se indica que el Plan Director debería dotarse de "un marco de resultados" que facilitara el proceso de planificación y definición de objetivos; así como desarrollar "planes anuales operativos". También se propone "profundizar en el proceso de concentración geográfica y priorización sectorial desde un enfoque de desarrollo de país".

Se considera necesario, igualmente, "dotar a los proyectos de financiación suficiente para tener impactos reales" y dar "más peso en la ponderación a los proyectos estructurados en acciones de desarrollo a medio plazo".

Además, se recomienda reducir la fragmentación de la ayuda y promover la formación de consorcios y agrupaciones, así como articular las convocatorias desde un enfoque basado en los Derechos Humanos.