La Junta ha mostrado a través de una nota su respeto a las decisiones judiciales, pero manifiesta su "total desacuerdo" con la sentencia, que a su juicio no tiene en cuenta la incidencia que tuvo el procedimiento penal (donde la Junta no formaba parte) en la paralización de las obras y que derivó también en una demolición parcial y "en condena penal al promotor".

La Junta mantiene que las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial no son ajenas a la paralización de las obras, sino que, por el contrario, "hicieron imposible la apertura del centro comercial".

Considera también que el lucro cesante sigue sin estar suficientemente acreditado y no está conforme con el incremento que contiene la sentencia.

La Junta ha defendido haber actuado "siempre en el ejercicio de sus competencias y en defensa de la legalidad, avalada por informes técnicos y jurídicos, como lo demuestran otras sentencias anteriores".