A través de un auto emitido el pasado 29 de marzo y recogido por Europa Press, la juez que instruye el caso, por el que permanece en prisión Julio Mateos Palacios, extesorero de la junta de compensación del Sector F y huido tras confesar que había "cogido" dinero de las cuentas, respondía a una serie de peticiones cursadas previamente por la Fiscalía. Sobre la mesa, como es sabido, la desaparición de unos 3,7 millones del dinero aprovisionado por los parcelistas del Sector F, para urbanizar la zona y dotarla de servicios básicos.

Así, el Juzgado Mixto número uno de Coria ordenaba que el 28 de abril compareciese en calidad de investigada Concepción T.S., la administradora única de Torrens Abogados, un bufete contratado por la junta de compensación y que, según la Fiscalía, habría "cobrado más de 1,3 millones en cheques con cargo a la junta de compensación entre 2011 y 2015, cantidad a todas luces excesiva para los servicios prestados".

Del mismo modo, la juez instructora citaba para el mismo día a la abogada Marianela S.C., también como investigada, pues según el escrito previo de la Fiscalía, recogido por Europa Press, "reconoce en su declaración testifical haber emitido facturas a su nombre por un trabajo de mecanización de las cuentas de la junta de compensación que ella no elaboró, sino que se hizo en Asema".

MÁS DILIGENCIAS

Tras estas comparecencias, ya consumadas, la juez tiene citados como testigos este viernes a los responsables de la sucursal bancaria encargada de la cuenta de la junta de compensación entre los años 2009 y 2015, citando para el 22 de mayo a otro testigo y también al economista autor del informe técnico, según el cual el "déficit de tesorería" de la junta de compensación ascendería a 3.706.718 euros, como consecuencia de los hechos investigados.

Para el 16 de junio, además, están citados como testigos dos de los parcelistas, solicitando además la juez a los promotores de una de las querellas "la filiación completa de varios de los parcelistas a los que la comisión de delegados impidió el acceso a las asambleas generales celebradas los días 14 de diciembre de 2013 y 20 de diciembre de 2014".

Por último, la juez ordenaba unir a la causa la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla que condena a la junta de compensación a abonar unos 2,28 millones de euros a la constructora Istem S.L., a cuenta del "reconocimiento de deuda" solicitado por la empresa merced al contrato de obras firmado entre ambas partes en 2011, toda vez que las obras contratadas quedaron paralizadas en agosto de 2012.

La ejecución provisional de dicha sentencia, recordémoslo, ha supuesto el embargo preventivo de cientos de las fincas del Sector F, si bien la junta de compensación ha recurrido tanto la sentencia inicial, como la medida de embargo.